Ante la situación de crisis habitacional que vivimos, el debate sobre las políticas públicas de vivienda se ha vuelto cada vez más frecuente, tanto en la calle como en los medios e instituciones. Este cambio en el interés de la ciudadanía por el problema de la vivienda es algo, en sí mismo, muy positivo, ya que la situación en la que nos encontramos no puede explicarse sin décadas de dejación política en todo lo relativo a la vivienda, pero también en torno al modelo de ciudad al que aspiramos. La vivienda y la ciudad ocupan un papel trascendental en nuestras vidas y, por lo tanto, deben jugar un papel central en el debate público de nuestro país.

Décadas de políticas públicas de vivienda erróneas, así como un modelo urbano en gran medida desfasado, nos han conducido a la actual situación que requiere, a corto plazo, de una reacción contundente por parte de la izquierda. Esta reacción presenta ya numerosas expresiones, desde la aparición de múltiples organizaciones en defensa de los derechos de las inquilinas, hasta una amplia teorización sobre qué es lo que falla en nuestro modelo de vivienda y de ciudad. Ante esta situación de emergencia, la inmediatez del corto plazo hace que la izquierda, tanto en lo institucional como en la calle, adopte una actitud defensiva que es, sin lugar a duda, necesaria para poder frente a lo que nos viene encima. Esta actitud se sustenta, a mi juicio, en los verbos más usados cuando abordamos esta cuestión: prohibir (las viviendas turísticas); limitar (la compra de vivienda por parte de fondos); controlar (el precio del alquiler). La utilización de estos verbos de marcado cariz defensivo no........

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