En clase, cuando intento explicar cómo se organiza el sistema internacional, el término ‘potencia media’ aparece con bastante rapidez. A veces lo introduzco yo. Otras veces lo traen los propios estudiantes cuando hablamos de España, Turquía o Brasil. Lo utilizan con naturalidad, como una forma razonable de situar a estos países en el mapa global.

Me pasa algo parecido cuando abordamos la desigualdad. La ‘clase media’ aparece enseguida como referencia. No tanto como una categoría cerrada, sino como un punto de orientación. Y, sin embargo, en cuanto intentamos precisar un poco más, las certezas empiezan a moverse.

¿Qué significa exactamente que España sea una potencia media? ¿Capacidad diplomática? ¿Peso dentro de la UE? ¿Participación en la OTAN? ¿Y cómo encaja eso con la dependencia tecnológica o energética? Las respuestas se vuelven inestables, pero el término se mantiene.

Con la ‘clase media’ ocurre algo similar. En España, una pareja con dos salarios puede seguir identificándose como clase media aunque no pueda acceder a una vivienda en su propia ciudad. La etiqueta persiste incluso cuando la realidad que debería sostenerla se debilita.

Yo misma recurro a esos términos en clase, porque permiten empezar a ordenar la conversación. El problema aparece cuando dejan de ser un punto de partida y se convierten en el marco desde el que pensamos todo lo demás.

De la dependencia a las posiciones

Desde las relaciones internacionales críticas, este desplazamiento no es menor. Autores como Immanuel Wallerstein o Samir Amin insistieron en que el sistema internacional no se puede entender como una simple gradación de poder. Hablaban de centro, periferia y semiperiferia. Hablaban de estructuras que organizan quién produce valor y quién lo captura, quién fija reglas y quién se adapta a ellas.

Ese enfoque no negaba la agencia de los Estados. Pero sí marcaba los límites dentro de los cuales esa agencia podía desplegarse. Hoy,........

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