Hay una pregunta que llevo varios días intentando formular con precisión: qué coste político tiene, realmente, hacer daño a las mujeres. La pregunta surge al observar casos muy distintos entre sí que, sin embargo, parecen compartir una característica inquietante: incluso cuando el daño es grave, conocido públicamente y suficientemente acreditado como para generar escándalo, dimisiones o condenas, rara vez adquiere la capacidad de clausurar de manera definitiva una carrera política o de alterar de forma duradera la legitimidad de quienes ostentan el poder.

En Andalucía, la crisis de los cribados de cáncer de mama provocó un enorme deterioro de la confianza en la gestión sanitaria, afectó a miles de mujeres y terminó convirtiéndose en una de las principales crisis políticas del Gobierno autonómico. Hubo desgaste electoral, por supuesto, y negarlo sería intelectualmente deshonesto. Sin embargo, ese desgaste resultó limitado y recuperable: el Partido Popular volvió a ganar ampliamente las elecciones andaluzas.

No es el único caso en el que un fallo institucional que afecta específicamente a la salud de las mujeres produce una crisis política importante sin convertirse necesariamente en una inhabilitación política duradera. En Irlanda, el escándalo de CervicalCheck estalló en 2018 después de que el caso de Vicky Phelan sacara a la luz graves problemas en el programa público de cribado de cáncer de cuello uterino. Phelan había recibido en 2011 un resultado negativo en una citología que una auditoría posterior consideró incorrecto; fue diagnosticada de cáncer cervical tres años después y no fue informada de aquella revisión hasta mucho más tarde. La investigación acabó identificando un grupo de 221 mujeres cuyos casos presentaban discordancias entre las citologías originales y las revisiones posteriores y puso en evidencia, además, graves fallos en la comunicación de esa información a las pacientes. La crisis provocó investigaciones, mecanismos de compensación, cambios dentro del sistema sanitario y una enorme conmoción pública. Simon Harris, ministro de Sanidad durante el estallido del escándalo, permaneció en el Gobierno y su trayectoria política continuó hasta convertirse años después en primer ministro de Irlanda.

En Estados Unidos encontramos un supuesto completamente diferente. Donald Trump llegó por primera vez a la presidencia después de años de acusaciones públicas sobre presuntas agresiones sexuales hacia mujeres y volvió a ser elegido después de que un jurado lo declarase civilmente responsable de abuso sexual contra E. Jean Carroll. Los tres supuestos son jurídica y políticamente muy diferentes y precisamente por eso conviene no confundirlos. Lo que interesa aquí no es equiparar una resolución civil por abuso sexual con la responsabilidad política derivada de fallos en sistemas públicos de salud, sino preguntarse por la capacidad que tienen........

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