Hay formas muy sofisticadas de excluir. No hacen falta concertinas, redadas ni grandes soflamas. A veces basta con un formulario. Una cita cancelada. Una ventanilla cerrada. Un protocolo administrativo diseñado para llegar tarde.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Madrid con el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno tras años de lucha y más de 700.000 firmas recogidas en la iniciativa legislativa popular de la Plataforma Regularización YA.

Mientras miles y miles de personas intentan acogerse a una medida que puede cambiar radicalmente sus vidas; acceder a un permiso de residencia y trabajo, salir de la clandestinidad administrativa y dejar de vivir en los márgenes, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida parece haber decidido que su papel no es facilitar ese derecho, sino obstaculizarlo y prácticamente así lo anunció el pasado 16 de abril tras la entrada en vigor de la normativa. Ya se sabe que, quien con Vox se acuesta, racista se levanta.

No estamos hablando de una discrepancia política sobre política migratoria. Un alcalde o cualquier cargo público puede criticar una norma estatal, puede discrepar de su oportunidad o incluso su diseño y alcance, pero lo que no debería poder hacer es utilizar la maquinaria institucional que administra para sabotear su aplicación. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que apuntan los hechos denunciados........

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