En los últimos meses, Bolivia ha entrado oficialmente en una etapa de sinceramiento brutal. Este periodo quedó marcado inicialmente por el Decreto Supremo 5503, cuyo artículo 2 no dejaba margen a la interpretación: declaraba expresamente la "Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social" en todo el territorio nacional. Si bien esta norma fue posteriormente abrogada por el Decreto Supremo 5516, la realidad que describía no ha desaparecido; por el contrario, ha sido ratificada implícitamente en la parte considerativa de la nueva norma y reforzada por el Decreto Supremo 5517, donde el gobierno reconoce oficialmente el proceso inflacionario, la escasez de divisas y el desabastecimiento de combustibles.

Sin embargo, bajo una lógica contradictoria y peligrosa, el DS 5516 impone una carga letal al sector productivo formal: un incremento del 20% al Salario Mínimo Nacional (SMN).

Desde una perspectiva de análisis económico del derecho, nos enfrentamos a un escenario clásico de "Hecho del Príncipe": el Estado admite que la macroeconomía está quebrada, pero mediante un acto de autoridad obliga a las empresas privadas a asumir costos laborales imposibles de sostener en este nuevo contexto. Ante esta realidad, el análisis jurídico no puede ser pasivo ni superficial. Es imperativo desglosar los conceptos legales que hoy definen la supervivencia o la muerte de las empresas en Bolivia.

1. Desmitificando la "Estabilidad Laboral Absoluta"

Para comprender la magnitud del problema y su solución legal, primero debemos derribar un mito arraigado en la cultura laboral boliviana: la "Estabilidad Laboral Absoluta". Comúnmente se entiende que el puesto de trabajo es una propiedad intocable y que el empleador está obligado a mantenerlo indefinidamente, pase lo que pase.

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional, específicamente la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1088/2015-S1, aclara contundentemente que este derecho "no es absoluto". El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que una relación laboral no puede sostenerse sobre la base de la imposición cuando la realidad material lo impide. El derecho cede ante la imposibilidad fáctica; nadie está obligado a lo imposible.

2. La Fuerza Mayor: Los Decretos 5503, 5516 y 5517 como Prueba Judicial

Aquí entra el segundo concepto clave para la defensa empresarial: la Fuerza Mayor. Jurídicamente, se define como aquellas situaciones imprevisibles, inevitables y ajenas a la voluntad de las partes que impiden el cumplimiento de una obligación.

La conexión con nuestra realidad actual es directa y el propio gobierno nos ha entregado la prueba. Al promulgar el DS 5503 y, posteriormente, los DS 5516 y 5517, declarando o reconociendo la crisis y la emergencia, el Estado está validando la existencia de una fuerza mayor externa. Ya no estamos ante una mala gestión empresarial ordinaria; estamos ante lo que la sentencia denomina situaciones impuestas que hacen imposible la continuidad.

La línea jurisprudencial de la SCP 1088/2015-S1 es clara: cuando existe esta fuerza mayor, la desvinculación o despido es una medida justificada. Si una empresa demuestra ante autoridad judicial competente que la crisis de divisas y la inflación —reconocidas por el decreto— le impiden sostener la planilla, la reestructuración es válida bajo el principio de "verdad material".

3. La Trampa del Incremento Salarial y el Impacto en el Bono de Antigüedad

La necesidad de aplicar esta figura de fuerza mayor se hace evidente al analizar los números fríos que la normativa intenta ignorar. El impacto del Artículo 111 del DS 5503 (y su continuidad en el artículo 24 del DS 5516) va mucho más allá de una simple nivelación salarial. Para la industria boliviana, el verdadero golpe financiero radica en el efecto multiplicador sobre el Bono de Antigüedad, cuya base de cálculo legal son tres salarios mínimos.

Analicemos la realidad operativa de una empresa productiva tipo: Al elevarse el SMN a Bs 3.300, la base de cálculo del bono se dispara automáticamente. Esto genera un incremento neto mensual en la planilla que, en empresas grandes, supera los cientos de miles de bolivianos solo por este concepto, sin contar los aportes patronales asociados.

El gobierno intentó inicialmente maquillar este golpe con el Artículo 30 del DS 5503, ofreciendo computar el 50% de los aportes patronales como pago a cuenta del IVA. Sin embargo, este "incentivo" era simplemente una trampa financiera por tres razones:

• Es Insuficiente: Financieramente, el costo de mantener la planilla actual con el aumento del bono de antigüedad supera masivamente cualquier ahorro fiscal potencial.

• Es Restrictivo: La letra chica señala que solo aplica a "nuevas contrataciones" realizadas hasta marzo de 2026 y para sueldos menores a 4 SMN.

• Riesgo Legal: No ayuda a sostener la planilla antigua. Intentar despedir y recontratar al personal actual para acceder al beneficio constituiría un fraude a la ley por simulación, exponiendo a la empresa a multas masivas.

4. La Reestructuración como Necesidad: SCP 1088/2015-S1

Frente a este escenario de asfixia regulatoria y "trampas" fiscales, la única salida legítima es la reestructuración amparada en la SCP 1088/2015-S1.” La sentencia entiende una lógica de "mal menor": ante el riesgo de quiebra, que implicaría "dejar sin fuente laboral a todo el personal de la empresa", es preferible y lícito sacrificar algunos puestos para salvar la entidad productiva y garantizar el bienestar común. 

Esta ratio decidendi no constituye un hecho aislado, sino que se articula con una línea jurisprudencial consolidada tanto en la justicia constitucional como en la ordinaria, que valida la reestructuración y la fuerza mayor como causales justificadas de desvinculación bajo el principio de Verdad Material:

• Validación de la Reestructuración y Cese por Fuerza Mayor: La jurisprudencia reciente, como la SCP 1237/2022-S4 (Caso EMIPA S.A.) y la Resolución Constitucional N° 97/2020 (Caso ALTIFIBERS S.A.), ha ratificado que la estabilidad laboral cede ante la imposibilidad fáctica de cumplimiento. En el caso Altifibers, se estableció que el cese de actividades por causas externas (fuerza mayor) constituye una justificación válida para la desvinculación, primando la realidad económica sobre la obligación de inamovilidad. Asimismo, el fallo EMIPA confirma que las autoridades administrativas (Ministerio de Trabajo) no pueden omitir la valoración de pruebas que demuestren esta fuerza mayor, so pena de vulnerar el debido proceso.

• Supresión de Cargos y Reorganización Administrativa: El Tribunal Supremo de Justicia, mediante los Autos Supremos N° 69/2018 y N° 133/2016 (Casos YPFB), ha sentado doctrina al determinar que la desvinculación es procedente cuando deriva de una reestructuración técnica u organizacional que implica la supresión del ítem o la unidad de trabajo. Estos fallos aclaran que si un trabajador no califica en los nuevos procesos de selección interna o su cargo deja de existir por necesidad de la empresa, la relación laboral no puede sostenerse forzosamente, superando así la interpretación literal de la estabilidad en favor de la realidad operativa.

El Límite de la Reestructuración: Es vital aclarar que, aunque la reestructuración por fuerza mayor es válida, la sentencia mantiene una tutela reforzada. Las empresas pueden desvincular justificadamente, pero no pueden afectar a grupos vulnerables (padres progenitores, mujeres gestantes, personas con discapacidad o padres de personas con discapacidad). En estos casos, la ley exige que, incluso si su cargo desaparece, sean reubicados en otras funciones con el mismo nivel salarial.

Conclusión: Supervivencia o Extinción

La aplicación de los Decretos Supremos 5503, 5516 y 5517 nos coloca en una encrucijada histórica. La "estabilidad laboral rígida" es hoy una ficción que, de mantenerse a rajatabla, condenará al cierre a industrias enteras, generando desempleo masivo.

Como defensores de un Estado de Derecho y de la libertad económica, debemos perder el miedo a utilizar las herramientas legales disponibles. La reestructuración organizacional, fundamentada en la SCP 1088/2015-S1 además de otras que se ven probadas fácticamente por la propia declaratoria de emergencia del gobierno, es el único camino viable para las empresas formales.

Para el resto del mercado, la ecuación es simple y dolorosa: el Estado ha roto el equilibrio económico; a las empresas les corresponde restaurarlo mediante la ley para evitar su extinción. Ignorar estas sentencias hoy sería una negligencia profesional imperdonable.

Abel Cristopher Butrón Barriga 

Egresado de Derecho DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA / GESTOR LEGAL “B.E.L.C. - LIZARAZU ASOCIADOS ABOGADOS LABORALISTAS EMPRESARIALES”

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