Recientemente la Corte Suprema de Justicia, condenó al expresidente de este alto tribunal José Leonidas Bustos Martínez -que se encuentra huyendo con circular roja de Interpol para su captura- a una pena de 10 años y 2 meses por los delitos de cohecho y concierto para delinquir, y por otro lado, se condenó al exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista por cohecho y prevaricato  a la pena de 7 años y 7 meses con casa por cárcel para que la cumpla; por lo que el grueso de la sociedad se pregunta alarmada, cómo es posible que con  otros delitos menores como  el hurto de una libra de chocolate,  se condene al autor a una pena similar mandándolo para la cárcel, mientras que quienes tienen suma responsabilidad social como los administradores de justicia, son favorecidos con  penas irrisorias e indulgencias,  cuando en otras latitudes se castigan con cadena perpetua o  la pena de muerte.

Porque  no puede existir crimen más atroz contra una sociedad, que el de traficar con la justicia, y más si lo hacen los más encopetados magistrados, sobre todo los que hacen parte de la Corte Suprema de Justicia  por el ingente daño que causan a  la Justicia y a toda la sociedad, como que ahora mismo somos vergonzosamente, el único país del mundo con cartel de la toga con  3 expresidentes de la Corte y otro de la Constitucional condenados por redomados criminales, que comunica la tragedia que vivimos con la justicia, donde según Transparencia por Colombia, de cada 100 delitos solo se investigan 6 con una impunidad del 94%,  y los que reciben alguna sanción, muchos son beneficiados con penas irrisorias y  casa por cárcel en los casos de delitos contra la administración pública, además de benevolencia extrema contra esta clase de delincuentes, que incluye libertad por cuenta del más eficaz de los penalistas, cual es el doctor vencimiento de términos, como ocurre con frecuencia en nuestro Departamento.

Y es que para que tengamos una idea de la crisis de la Justicia por impunidad, penas irrisorias y extrema tardanza en resolver delitos contra la administración pública  -que debían ser resueltos con presteza-, y de toda índole, nuestro país ocupa en América Latina el puesto 17 entre 18 que tienen  mejor sistema judicial, lo cual es un auténtica vergüenza  que demanda con urgencia una reforma integral a la justicia con la creación de una Corte de Aforados que falle en términos breves e improrrogables, para que comience por acabar, dando ejemplo, con la impunidad de los crímenes contra la administración pública, con penas condignas para los que delinquen como altos funcionarios del Estado, y que solo será posible con una Constituyente.

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