Desde que tengo memoria llevo muchos años estudiando, comprendiendo y enseñando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario como sistemas normativos que establecen límites a los Estados y a los actores del conflicto, tanto en tiempos de paz como de guerra.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se consolidó con la creación de las Naciones Unidas en 1945, la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la adopción de la Carta de la Organización de los Estados Americanos en la misma época, así como con la posterior creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su homóloga, la Corte Europea de Derechos Humanos, junto con sus órganos y mecanismos complementarios. A ello se suma un sinnúmero de declaraciones, tratados, convenios y resoluciones adoptados por la ONU después de la horrenda experiencia de la Segunda Guerra Mundial, en la que Adolf Hitler exterminó, bajo el pretexto de la supremacía racial, a gran parte del pueblo judío y desató una guerra devastadora contra numerosos países.

Se suponía que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sería el instrumento para garantizar que una tragedia semejante nunca más se repitiera.

Por su parte, el Derecho Internacional Humanitario es aún más antiguo. Su origen moderno se remonta al 24 de junio de 1859, en el norte de Italia (Lombardía), donde tuvo lugar la batalla de Solferino. Allí acudió Jean-Henri Dunant, empresario, filántropo y humanista suizo, considerado el padre del Derecho Internacional Humanitario. Conmovido por el sufrimiento de miles de soldados abandonados en el campo de batalla, Dunant impulsó la creación de normas humanitarias básicas destinadas a limitar los horrores de la guerra.

De esta experiencia surgieron instituciones como la Cruz Roja Internacional y, posteriormente, la Media Luna Roja, destinadas a socorrer a los heridos y promover principios fundamentales que obligan a los actores del conflicto a respetar el principio de distinción y a abstenerse de atacar a personas heridas, al personal sanitario o religioso, así como a proteger escuelas, colegios, universidades y hospitales, entre otros bienes y personas protegidas por el derecho internacional.

En las aulas se explica que estos principios y reglas básicas del ius ad bellum y del ius in bello constituyen normas que deben respetar los actores del conflicto en tiempos de guerra. Su incumplimiento merece el repudio internacional y activa la competencia de jurisdicciones como la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, el Comité Internacional de la Cruz Roja y los diversos mecanismos de protección de las Naciones Unidas. Sin embargo, hoy la comunidad internacional presencia con preocupación el profundo desprestigio de muchos de estos mecanismos debido a su limitada capacidad de respuesta frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por distintos Estados.

Son numerosos los casos de violaciones graves a los derechos humanos que ocurren en nuestro tiempo. Entre los protagonistas de estas controversias se encuentra el gobierno de los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, cuyas políticas han sido duramente cuestionadas por el trato hacia la población migrante. Niños, mujeres, ancianos y jóvenes han quedado expuestos a políticas que muchos consideran discriminatorias y contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos.

Tampoco puede ignorarse la controversia generada por operaciones militares y acciones de interdicción marítima contra embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico, que en ocasiones se realizan sin un debido proceso judicial y en situaciones que plantean serios cuestionamientos desde la perspectiva del derecho internacional y del derecho del mar.

Las críticas también se dirigen al papel de Estados Unidos en distintos conflictos internacionales y a su apoyo político y militar a gobiernos aliados, como el de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Las operaciones militares en Gaza han provocado decenas de miles de víctimas y una grave crisis humanitaria que afecta a millones de personas, generando fuertes debates en la comunidad internacional sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza, la protección de la población civil y el respeto del derecho internacional humanitario.

Lo más preocupante es que muchos de estos acontecimientos ocurren en tiempo real, ante los ojos de una comunidad internacional que parece incapaz de detener la escalada de violencia. Para muchos analistas, el sistema internacional se encuentra hoy ante una crisis profunda, en la que la ley del más fuerte amenaza con imponerse sobre las normas jurídicas construidas durante décadas.

A pesar de ello, algunos Estados han intentado impulsar iniciativas diplomáticas y políticas para frenar la escalada de violencia y fortalecer el respeto por el derecho internacional. Países como España, Reino Unido y Suecia en Europa, así como México, Brasil, Chile y Colombia en América Latina, han expresado en distintos escenarios la necesidad de defender el orden jurídico internacional y de preservar las reglas básicas que rigen las relaciones entre los Estados.

Esperemos que la fuerza de la razón y la conciencia de la humanidad logren renacer de las cenizas de este fuego que hoy arde sin querer apagarse.

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