En un receso durante las reuniones celebradas en la dirección del MINFAR para analizar los acontecimientos de Granada, a raíz de la invasión norteamericana en 1983, el General de Ejército Raúl Castro se retiró de la sala. Al reiniciarse la sesión, Raúl apareció vestido con una guayabera en lugar del uniforme verde olivo. 

Dirigiéndose al auditorio de altos oficiales reunidos en el edificio Sierra Maestra, les dijo que a partir de ese momento no les iba a hablar el Ministro de las FAR, sino el Segundo Secretario del Partido. Su discurso ese día criticó severamente las debilidades y errores de las FAR, el Ministerio del Interior y el propio Partido en los hechos que habían conducido al derrocamiento del gobierno granadino y a la intervención de los Estados Unidos, y que habían propiciado la muerte de un grupo de colaboradores civiles de la isla.

Pocos años después, otros acontecimientos confirmaron en qué medida los militares, en sus múltiples roles dentro y fuera del país, estaban sujetos a la autoridad y el control del Partido. Los más trascendentes fueron los procesos judiciales públicos seguidos contra altos oficiales del MINFAR y el MININT, involucrados en negocios con el narcotráfico, corrupción, abuso de poder y operaciones fraudulentas, algunas de cuyas acciones pusieron en riesgo los sensibles mecanismos de la seguridad nacional cubana y al cabo de los cuales también se impusieron penas muy severas. 

En ambos casos —aún más en el de las dos causas judiciales de 1989— se ratificó que la condición de militar o alto oficial no creaba inmunidad ante la ley ni toleraba conductas incongruentes con las normas establecidas. Esas normas, que incluían compartimentar estrictamente sus relaciones con todo tipo de instituciones o personas naturales extranjeras, habían contribuido también a preservar su legitimidad y prestigio ante los ojos del pueblo. 

Que altos oficiales, con poder de decisión discrecional al mayor nivel, actuaran por su cuenta, implicaba un riesgo mayor para la seguridad nacional, no solo porque les había permitido concertar acuerdos con carteles de la droga y desactivar los dispositivos de la defensa antiaérea, sino, como enfatizó el propio Fidel en el juicio, porque daba a Estados Unidos una razón para intervenir. 

Apenas seis meses después de que el gobierno cubano iniciara una investigación e hiciera público el vínculo de aquellos altos oficiales con el narcotráfico, Estados Unidos invadió Panamá, alegando que el gobierno del general Manuel Noriega trabajaba con cárteles de la droga colombianos.

Un documento elaborado por el Colegio de la Defensa Nacional (CDN) afirmaba, a fines de los años 90, que “el Estado cubano considera una insuficiencia reducir el concepto de seguridad a lo estrictamente militar, porque se ha de tener en cuenta su relación con lo económico, político y social, pues las inestabilidades en estos campos afectan tanto la seguridad nacional como la colectiva”. [CDN, Cap. “Cuba y su seguridad nacional en el hemisferio”, p. 39].  

De manera que la imagen en la sociedad de las instituciones encargadas de la defensa, la seguridad y el orden interior ha constituido una dimensión fundamental de esa seguridad. 

Una prueba al canto de ese principio fueron aquellos mismos procesos judiciales, que conmovieron la conciencia de todos los cubanos. En efecto, el halo de heroísmo, integridad y autoridad que había acompañado las trayectorias de algunos de los encartados formaba parte de una cultura política. 

Esa cultura había generado un alto grado de confianza no solo en el liderazgo histórico, y en particular, en Fidel, sino también en aquellos oficiales que la transparencia del juicio público mostraba en su pérdida de valores, “dulce vida” y debilidades personales. El peso de esa imagen y aquella cultura política se manifestaba en que, a pesar de las evidencias aportadas en los juicios, y de que las máximas sentencias aplicadas se apegaban a lo establecido por el código militar, era posible palpar el malestar entre no pocos cubanos, que las consideraban muy drásticas. 

En medio de una situación tan compleja y contradictoria, la audacia de lidiar con aquellas transgresiones de frente al pueblo y al mundo constituyó una respuesta política a la altura del problema. Su eficacia radicó en hacer prevalecer el orden institucional y la ley, por encima de ninguna otra consideración de carácter personal. Institucionalidad y transparencia no precisamente simbólicas, pues incluyeron la amplia cobertura informativa de los procesos, las explicaciones ofrecidas en su desarrollo, las sucesivas instancias de apelación militares y civiles, lo que les otorgó el alcance de un vasto ejercicio de pensamiento crítico y educación política para todos —las FAR, el MININT, el PCC, los ciudadanos de a pie, y también los que miraban a Cuba desde afuera, amigos y enemigos.

Los que vivieron aquellos juicios amargos seguramente no han olvidado que, a pesar de su costo, renovaron la confianza de la gente en el liderazgo y en los principios políticos puestos a prueba. Los que nacieron después, es decir, los que tienen menos de 42 años (edad media actual), quizás no hayan oído ni siquiera hablar de aquellos acontecimientos. 

Si de cultura política cambiante se trata, la memoria (y la desmemoria) resultan clave para escrutar el presente, en especial uno tan opaco y ahumado por las redes como este. 

Negociar con EEUU: memoria y desmemoria

Cualquier reflexión sobre fortalezas y tropiezos en materia de seguridad nacional se intersecta con nuestras relaciones con los EE. UU.

Aunque algunos comentaristas mediáticos no lo recuerdan así, los patrones de esas relaciones confirman que su conducción y ejercicio, tanto en materia de agenda como de actores designados para explorar el diálogo y avanzar en la búsqueda de acuerdos, constituyen un capítulo aparte de nuestras relaciones exteriores. 

Si nos remontamos medio siglo atrás, hasta la mitad de los años 70, y........

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