Desde su aprobación y anuncio, en junio pasado, el nuevo programa de 176 transformaciones económicas y sociales ha provocado reacciones diversas.

En la academia abundan valoraciones que las consideran intensificadoras de la fórmula de socialismo de mercado, y avanzan en la comprensión de la gravedad de la crisis, al reconocer su carácter estructural y el peso de los factores internos en esta situación, especialmente los económicos. 

Entre sus fortalezas, no obstante, se les reconoce:

Haber identificado un grupo de prioridades transversales articuladas (energía, alimentos, atracción de financiamiento, supresión de normativas que frenan el despliegue de los sujetos económicos, activación de lo local) y reconocer en forma de normas realidades ya informalmente configuradas (mercado cambiario, mercantilización de servicios públicos, concentración de propiedad, etc.). Su enfoque hacia la vulnerabilidad y el amparo directo a grupos en situaciones de carencias severas facilita la focalización administrativa, la asignación eficiente de recursos escasos y el monitoreo por parte del Estado y el gobierno.

Por otro lado, haber establecido como prioridad a grupos poblacionales concretos, como, por ejemplo, personas en vulnerabilidad en muchos aspectos; hogares vulnerables por ingreso; personas con inseguridad alimentaria; personas sin empleo o baja calificación; pensionados; niños sin cuidado parental; ancianos/adultos mayores; familias sin recursos; discapacitados; jóvenes desvinculados; mujeres desprotegidas en el espacio laboral; agiliza acciones de mitigación de vulnerabilidades extremas.

Entre sus debilidades más contundentes está que se considera una acción tardía y desfasada su falta de articulación interna y de claridad en cuanto a su secuencialidad. Se intenta acelerar cambios cuando ya no es posible por la magnitud del deterioro y por el creciente número de sanciones externas impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

También el hecho de que se haya omitido una referencia directa a la pobreza supone que existe, por parte de las instituciones, una subvaloración de la gravedad de la crisis e impide, por tanto, acompañarse de mecanismos para medirla, que permitan tomar decisiones y diseñar políticas más certeras.

En mi opinión, el nuevo momento reformador subdimensiona la esfera social y se resigna al amparo y al enfoque de derrame, que coloca en el “después” (de los frutos productivos) y en el momento redistributivo lo fundamental de la acción de justicia y equidad social. 

Responder al fuerte impacto que tendrá la ampliación del rol del........

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