El año más difícil de la economía cubana ha traído el anuncio de las reformas más profundas desde 1959. Los cambios, cuyo alcance supera al intento reformista iniciado en 2011, apuntan a una transformación estructural inédita del modelo de funcionamiento económico. Algunos de ellos jamás se habían contemplado siquiera como posibilidad en el discurso público y hoy aparecen “consensuados” como resultado de un “pragmatismo súbito”.

Las más de 170 medidas implican tres cambios de paradigma fundamentales:

Fin de la planificación centralizada. Se reconoce tácitamente la ineficiencia del modelo de asignación administrada de recursos en la economía. Esto significa que el Estado dejará de actuar como administrador directo en la distribución de combustible, alimentos o divisas, para dar paso a mecanismos financieros e indirectos. Ello no implica el abandono de la función reguladora estatal, pero sí una ampliación del papel del mercado. Se trata, además, de una de las transformaciones que más tiempo requerirá para consolidarse.

Las empresas estatales se convierten en sociedades mercantiles. Cualquier cubano, extranjero o sus empresas podrán comprar acciones y participaciones en Antillana de Acero, Prodal o Cubana de Aviación. El Estado reservará la participación mayoritaria en los sectores estratégicos, un concepto cuyo alcance conviene precisar. En la práctica, la empresa estatal dejará de ser plenamente estatal en el momento en que una parte de su propiedad pase a manos privadas. Para evitar el traspaso del patrimonio estatal a un grupo cerrado de “oligarcas” hará falta transparencia institucional y subastas públicas. 

La propiedad privada deja de ser tolerada para convertirse en protagonista del modelo. Sin........

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