Opinión.- El reciente movimiento sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, ha dejado —más allá de los daños estructurales y el temor colectivo, la tristeza y el dolor inmenso— una profunda interrogante sobre nuestra capacidad de respuesta y, fundamentalmente, sobre la vigencia de la solidaridad nacional e internacional. Como sociedad, nos enfrentamos a una prueba de resiliencia que no admite demoras ni cálculos políticos. La atención a las víctimas debe ser la prioridad absoluta, pero esta no puede limitarse a la entrega de suministros inmediatos; requiere una visión de Estado que transforme la tragedia en una oportunidad de desarrollo seguro. No hay espacio para promesas vacías e inocuas, es una respuesta necesaria.

La solidaridad en este contexto no es solo un imperativo moral, ético, sino una necesidad de cohesión social. En un país ya golpeado por vulnerabilidades económicas y la pobreza, un desastre natural actúa como un catalizador de profundas desigualdades. Ignorar en el siguiente paso a las víctimas del sismo sería profundizar la brecha de desprotección que sufren miles de ciudadanos. Mantener el apoyo firme garantiza que las........

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