En días pasados, el líder de la agrupación política “Libre”, Jorge “Tuto” Quiroga, ofreció una conferencia de prensa sobre el denominado caso “narco maderas”. Cuestionó los procedimientos empleados, reclamó explicaciones a la Cancillería, pidió sanciones y reparación a Chile y comparó el perjuicio ocasionado con el enclaustramiento marítimo boliviano. Se trata, desde luego, de una analogía política que expresa la gravedad que él atribuye a lo que ocurre.

El tema está adquiriendo dimensiones preocupantes. Ya no se trata únicamente de una investigación sobre la presunta presencia de sustancias controladas en cargamentos de madera exportados. Está en juego la reputación internacional de Bolivia, la seguridad jurídica de sus exportadores, la protección de una actividad económica y de sus trabajadores; y, sobre todo, la capacidad del Estado boliviano para defender sus intereses frente a Chile y garantizar la vigencia de derechos fundamentales de sus connacionales, como el debido proceso.

La Cancillería, en su miopía, no actúa con la oportunidad, firmeza y rigor jurídico que el caso exige. Da la impresión de que su principal preocupación es evitar cualquier polémica con el Gobierno de Chile. Parecería que, por encima de los intereses nacionales, se coloca el objetivo de mantener relaciones fraternas y avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, interrumpidas por Bolivia en 1978.

Por deber y dignidad debe actuar ya. Tiene que activar de manera inmediata la “protección consular”, mecanismo de amparo y asistencia consular reconocido por el Derecho Internacional y, particularmente, por la Convención de Viena sobre Relaciones........

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