El Estado debe atacar las causas del narcotráfico y el TSJ alejar a jueces y vocales corruptos
Los Estados del mundo en especial de aquellos que han desarrollado el modelo de Estado bienestar para su población, sus programas de desarrollo priorizan la salud de su población con servicios de asistencia médica domiciliaria de calidad y, esto no es por tener a su población envejecida, sino porque la vida y el derecho a la salud son derechos humanos de incuestionable responsabilidad de los líderes que gobiernan en base a un plan de desarrollo público y transparente; mejores condiciones de empleo, inclusión social y responsabilidad política.
En estas estructuras y roles institucionales democráticas las competencias de los administradores sean administrativas, ejecutivas, legislativas y judiciales, se desarrollan con independencia en cada Estado, observando las recomendaciones y normativas de la Unión Europea, y las Directivas emanadas del Consejo de ministros de Exteriores (Primer ministros) y del Parlamento Europeo. El control normativo responde a un sistema multivinel y, en cuanto a la justicia, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJE) marca las líneas y reglas fundamentales para todos los órganos judiciales de la Unión Europea.
Los problemas en la mayoría de los Estados de la región son los cupos de migrantes por sentido humanitario que cada vez exigen mayores presupuestos, la seguridad jurídica, la educación y salud. Ciertos países han sido penetrados con cargamentos de droga por organizaciones de narcotráfico, generalmente por vía marítima, y camuflada en muebles de madera, objetos de arte, ropa y maletas, con componentes químicos que ni los canes pueden detectar.
En Bolivia lamentablemente, nuestra realidad sobre las drogas ha irrumpido a gran escalada la presencia de carteles: PCC de Brasil, Comando Verbelo de Brasil, Sinaloa del Chapo Guzmán condenado y en prisión en EE.UU. y el de Sebastián Marset el uruguayo entregado a Estados Unidos, uno de los narcotraficantes más buscados que estableció una estructura de protección policial y de autoridades en todos los niveles del Estado, incluida policías, jueces y fiscales, el caso emblemático último fue las 32 maletas de divisas que llegaron de los Ángeles a Viru Viru con alerta de la policía de Brasil a policías bolivianos (Marvín Manzaneda y Cristhian Manzaneda), que en lugar de intervenir el avión charter e incautar el cargamento, optaron por tender el manto de impunidad del destino de la carga y sus autores intelectuales de la organización criminal. Surgen las preguntas ¿por qué no incautaron al avión, el cargamento, y detuvieron en el acto a los dos pasajeros contratantes? Y ¿por qué los fiscales no denuncian a los jueces........
