Durante décadas, los pueblos indígenas de Bolivia tuvieron que marchar para que el país reconociera algo que hoy debería parecer evidente: sus territorios no son un obstáculo para el desarrollo, sino una garantía de vida. Los derechos conquistados no fueron una concesión de ningún gobierno ni el resultado de la buena voluntad de la clase política. Fueron fruto de años de movilización, de sacrificios y de una larga historia de resistencia que logró abrir espacio para el reconocimiento jurídico y político de quienes durante siglos permanecieron al margen de las decisiones del Estado.

Sin embargo, los derechos no desaparecen únicamente mediante la derogación de una ley. También pueden debilitarse poco a poco cuando las instituciones creadas para protegerlos dejan de existir o pierden capacidad de acción. Por eso, la posibilidad de eliminar la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Gobernación de Santa Cruz trasciende un simple debate administrativo. Lo que está en discusión no es solamente una estructura burocrática, sino el lugar que ocuparán los pueblos indígenas dentro de la agenda pública departamental.

Algunas voces sostienen que cerrar esa instancia responde a criterios de eficiencia administrativa o de reorganización institucional. Otras, entre las que me encuentro, vemos con preocupación que una medida de esa naturaleza termine debilitando uno de los pocos espacios desde donde las comunidades indígenas pueden canalizar demandas, participar en políticas públicas y defender sus derechos colectivos. Cuando una institución desaparece, también disminuyen las posibilidades de incidencia de quienes históricamente han tenido menor poder político.

Esta discusión resulta aún más preocupante si se observa el contexto en el que ocurre. Los territorios indígenas no son únicamente espacios habitados por pueblos originarios. Constituyen algunos de los ecosistemas mejor conservados........

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