Hace algunas semanas la pregunta era si el malestar podía encontrar un lenguaje común. Había razones para pensarlo. Distintos sectores compartían problemas que, aunque tenían orígenes y efectos diferentes, podían encontrarse alrededor del deterioro económico, la falta de combustibles, el aumento de los costos y el cuestionamiento a la gestión del Gobierno. La experiencia de mayo y junio había mostrado, además, que esas coincidencias podían convertirse rápidamente en una capacidad efectiva de movilización.

Hoy la pregunta parece ser otra. No tanto si existe malestar, sino si todavía existe disposición para convertirlo nuevamente en conflicto.

La eliminación de la subvención al diésel era, en principio, una medida con todos los ingredientes para generar una reacción importante. Desde el 19 de septiembre el litro pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95 y el nuevo precio quedó vinculado al mercado internacional. La decisión afecta directamente al transporte y a buena parte de las actividades productivas, por lo que era razonable esperar una reacción fuerte de algunos de los sectores más afectados. 

Pero hay algo que llama la atención más de una semana después. El conflicto existe, pero no parece estar adquiriendo la dimensión que podía anticiparse. La Confederación de Choferes mantiene un repliegue de 24 horas para el lunes 28, pero la convocatoria llega fragmentada: organizaciones de La Paz, El Alto y otros departamentos anunciaron que no acatarán la medida, mientras Santa Cruz mantiene su participación. La diferencia no es menor. Por ahora, el rechazo al nuevo precio del diésel no ha conseguido producir una posición común siquiera dentro del sector más directamente afectado. 

Y no es que falten esfuerzos por revertir esa situación. Algunos de los sectores que mantuvieron las posiciones más confrontacionales durante mayo y junio siguen intentando llevar a distintas organizaciones hacia nuevas medidas de presión. Hay llamados a la unidad, advertencias de movilización y hasta una recuperación explícita de la memoria de octubre de 2003, como ocurrió esta semana con el pacto entre organizaciones campesinas, juntas vecinales, gremiales y sectores de El Alto y las provincias paceñas. La referencia no es casual: busca recuperar la idea de que distintos agravios pueden volver a confluir alrededor de una causa capaz de producir una movilización de alcance nacional. 

A esto se suma la circulación de información falsa, engañosa o fuera de contexto. En los últimos días, ChequeaBolivia identificó, entre otros contenidos, videos difundidos fuera de contexto después del aumento del precio del diésel y un falso anuncio de paro en La Paz. YPFB también tuvo que salir a aclarar que la gasolina mantenía su precio de Bs 6,96 y pedir que no se diera crédito a especulaciones que pudieran generar nuevas aglomeraciones en los surtidores. 

Pero, hasta ahora, ese esfuerzo por reactivar el........

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