En los últimos días, varias personas me han comentado una preocupación similar: que la relativa calma actual depende fundamentalmente del estado de excepción y que, apenas concluya, volverán los bloqueos y las movilizaciones, abriendo nuevamente un escenario de alta conflictividad e incluso de ingobernabilidad. La idea resulta comprensible después de lo ocurrido entre mayo y junio, pero asumir que existe una relación automática entre el fin de la medida y una nueva escalada puede llevarnos a interpretar de manera apresurada lo que está ocurriendo.

Las condiciones que alimentaron el malestar siguen presentes, persisten dificultades económicas, problemas de abastecimiento de combustibles, presión sobre los ingresos, demandas laborales y productivas y reclamos territoriales, mientras las capacidades institucionales para responder a todos ellos continúan siendo limitadas. En esas circunstancias, sería extraño esperar que la conflictividad desaparezca. Lo que requiere mayor cautela es deducir que la continuidad de esos problemas necesariamente volverá a producir una movilización semejante a la de hace algunos meses.

Hay un dato de contexto que ayuda a colocar esta discusión en perspectiva, Bolivia vive desde hace más de una década con niveles altos de conflictividad: la Fundación UNIR registra, en promedio, más de un centenar de conflictos por mes y cada uno puede traducirse en varios episodios de protesta o medidas de presión. Esto significa que marchas, paros, bloqueos y movilizaciones forman parte habitual de la relación entre sociedad y Estado. Su sola aparición, incluso cuando ocurren simultáneamente, dice todavía poco sobre la existencia de una crisis de gobernabilidad.

La diferencia comienza a aparecer cuando esos conflictos, inicialmente separados, adquieren capacidad para relacionarse entre sí. Importa entonces menos la suma de casos que la posibilidad de que diferentes demandas encuentren........

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