La reciente ofensiva judicial emprendida por UPN ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra la “rebaja de protección del Monumento a los Caídos” manifiesta, una vez más, la persistencia de un sector político empeñado en blindar los símbolos de la dictadura apoyando su defensa “en el ropaje formalista del derecho administrativo”.

Todo ello al servicio de una impunidad simbólica con relación a un monumento, del que solo él parece ser su propietario exclusivo y excluyente. De hecho lo es. Simbólicamente al menos. Y la derecha así se comporta, vigilando cualquier movimiento en falso del tripartito. De hecho, ahí tienen su recurso ante el TSJN. Nada de lo que se haga en él y con él se podrá llevar a cabo sin su consentimiento. Lástima que el tripartito no lo haya visto así desde que se inició este largo contencioso, ahora, también, administrativo. Quizás espabile ahora que tendrá que verle las zarpas ante dicho recurso.

Y no cabe extrañeza alguna. El método de UPN es el que cabía esperar en un partido político, albacea ideológico de quienes erigieron dicho monumento, el cual, huye del debate ideológico y político, para disfrazarse de rigor administrativo y acusar a Príncipe de Viana de vulnerar la Ley de Patrimonio. ¿Con qué fin? Con un único fin claro y manifiesto: blindar uno de los vestigios del franquismo hasta la próxima... g...laciación. Nada de resignificación, ni destrucción. Mantenimiento total. Dejarlo como lo construyeron los carlistas, los Eusa y los Rodezno. ¡Ay, caramba, si hubiese sido al revés! ¡Que el edificio en cuestión hubiese sido una glorificación de los militares rojos y republicanos! No habría quedado piedra sobre piedra.

Ante esta acometida de UPN, queremos señalar que por encima de las piedras, y que, precisamente por ser las piedras del más nefasto........

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