La reciente regularización extraordinaria de personas migrantes en España ha encendido un debate necesario y oportuno, pero plagado de bulos y prejuicios racistas en algunos casos. Desde una perspectiva progresista, esta medida no es solo un acto de justicia social, sino una estrategia inteligente para fortalecer nuestra economía, sostener las pensiones y los servicios públicos, y enriquecer nuestra vida social y cultural. Es el reconocimiento de una realidad palpable: cientos de miles de personas ya forman parte activa de nuestra vida diaria, contribuyendo a nuestra sociedad, pero atrapadas en un limbo legal que las hace mucho más vulnerables.

La regularización no crea nuevas vidas ni las incorpora por primera vez a nuestra sociedad; simplemente reconoce jurídicamente una presencia que ya es social, económica y relacional. Y son personas que no “las trae el gobierno” como afirman los ultras, como tampoco las traían los gobiernos del PP, sino que estás personas salen de sus países buscando oportunidades, y cuando llegan, trabajan, cuidan, alquilan viviendas o habitaciones, estudian y consumen. Al formalizar su situación, no solo dignificamos sus vidas, sino que también cosechamos beneficios tangibles para todos y todas.

Desde el punto de vista económico, la evidencia es contundente. Todos los organismos económicos oficiales........

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