A las puertas del curso escolar y con el recuerdo de aquella Europa en la que regular equivalía o se aproximaba a gobernar, la realidad del ecosistema digital continúa erosionando la soberanía de los Estados. Ante la debilidad manifiesta para someter a las grandes tecnológicas al imperio de la ley, varios países del continente, hasta una treintena a nivel mundial, se han visto empujados a valorar la posibilidad de prohibir el acceso de menores a las redes sociales. No es una medida de fuerza, es un repliegue normativo que evidencia la incapacidad del poder público para doblegar la voracidad de unas plataformas digitales que dilatan, recurren y fragmentan sus obligaciones, convirtiendo la protección de la infancia en una mera ficción administrativa.

Francia, Italia, España, Alemania, Grecia o Noruega, con edades y fórmulas diferentes, han planteado o impulsado restricciones legales que sitúan el límite entre los 15 y 16 años. No se trata de un temor infundado, ni de una reacción desproporcionada. Los gigantes tecnológicos han demostrado una capacidad extraordinaria para captar la atención, prolongar el tiempo de conexión y hacer llegar a niños, niñas y adolescentes contenidos a los que, muy probablemente, ningún adulto responsable expondría. El problema empieza cuando, después de haber legislado durante años, el Estado reconoce implícitamente que no es capaz de hacer cumplir sus propias reglas.

No es que Europa carezca de instrumentos, de hecho el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) obliga a las grandes plataformas a........

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