La sentencia del Tribunal Superior de Navarra que obliga al Gobierno foral a la equiparación de ratios de alumnado entre la red pública y la privada concertada ha vuelto a poner sobre la mesa del debate público el estado actual del ámbito democrático de la separación de poderes, en el que el Legislativo donde se ubica la libre voluntad democrática de las mayorías elabora las leyes, el Ejecutivo desarrolla las normas aprobada y el judicial es garante de su cumplimiento y de la protección de los derechos de los ciudadanos.

No tengo claro si el fallo del TJSN es adecuado y justo o no lo es, pero puede ser otro palo en la rueda a la equidad educativa y al carácter estratégico de la educación pública. Es evidente que progresivamente ha habido, no sólo en el Estado español, sino en parte de las democracias liberales........

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