Durante cuatro años, Colombia fue escenario de un experimento costoso: la llamada “paz total”. Prometía desarmar a los violentos a punta de diálogo y terminó fortaleciéndolos. Hoy, con la Ley 2640 de 2026, el país cierra ese capítulo y recupera un principio elemental: el Estado no negocia de igual a igual con quienes lo desafían.

Las cifras del fracaso son claras. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz citados en la exposición de motivos de la ley, los integrantes de grupos armados pasaron de unos 15.120 en diciembre de 2022 a unos 28.802 en julio de 2026 (Uzal Tresandí, 2026). Mientras tanto, la política ejecutó 125.174 millones de pesos entre 2022 y 2026 sin acuerdos finales ni desmantelamiento de estructuras armadas (Moncloa.com, 2026). Y el símbolo más elocuente: el levantamiento de órdenes de........

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