La Corte Constitucional, como dadas las evidencias se había anticipado podía ocurrir, acaba de “tumbar” la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional el pasado mes de diciembre y con esa decisión se demuestra y confirma que en su expedición no hubo seriedad, no hubo rigor constitucional y no hubo responsabilidad en la forma en que el Ejecutivo decidió actuar. Lo que hubo fue gran ligereza. Y no una agilidad cualquiera, sino una presteza peligrosa, de esas que terminan comprometiendo al Estado entero. La decisión recayó sobre el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y por todos sus ministros.

Y aquí aparece la pregunta que de verdad importa: ¿quién responde por esta actuación? El artículo 215 de la Constitución no deja espacio para la improvisación ni para el cuento de siempre de la persecución política. La Carta dice con toda claridad que el Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado las circunstancias que la Constitución exige. Es decir, la responsabilidad no es una fantasía de la oposición ni una exageración periodística. Está atribuida en la propia Constitución.

Entonces, no estamos ante un simple revés judicial. Enfrentamos un Gobierno que volvió, como reiteradamente viene haciéndolo, a hacer las cosas mal, a actuar atropelladamente, sin ninguna........

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