Lo que hoy expresan muchos alcaldes de este país no es un asunto menor ni una simple diferencia administrativa. Es, potencialmente, una de las más graves distorsiones al Estado de Derecho. Es un “abandono sistemático” por parte del gobierno y una restricción o exclusión en la asignación de los recursos públicos a determinadas alcaldías, al parecer, por razones ideológicas o políticas no solo resulta un rompimiento institucional inaceptable, sino también un trato abiertamente inconstitucional. 

Lo más preocupante: ocurre ante la mirada pasiva —cuando no cómplice por omisión— de los órganos de control.

Las denuncias no son aisladas. Han sido reiteradas en distintos escenarios y, recientemente, expuestas de manera directa en el encuentro de alcaldes en Medellín, en el marco de la Asamblea XXVII de Asocapitales. Lo que allí se escuchó no fue una queja más: fue la denuncia de los alcaldes del total abandono de las ciudades por parte del Gobierno Nacional.

Eso, en cualquier democracia funcional, tiene un nombre preciso: desviación de poder.

La soledad institucional en que han tenido que gobernar los alcaldes de........

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