La crisis fiscal que enfrenta el gobierno del Presidente Gustavo Petro dejó de ser una advertencia de los analistas para convertirse en una realidad inocultable. El creciente déficit fiscal, que crece a un ritmo endiablado de $50 billones anualmente, el aumento sostenido del endeudamiento público, la caída de los ingresos tributarios y el desbordamiento del gasto, han puesto en evidencia la fragilidad de las finanzas del Estado colombiano.

El Gobierno apostó a una ambiciosa expansión del gasto público sustentada en la premisa de que la reforma tributaria garantizaría recursos suficientes para financiar sus programas sociales y sus promesas de transformación económica. Sin embargo, después de la reforma tributaria de 2022 (Ley 2277 de 2022), cuyo mayor recaudo se esfumó, los intentos de otras se le frustró al gobierno y el menor crecimiento económico, la desaceleración de sectores estratégicos y la reducción de la inversión privada terminaron afectando el recaudo fiscal, generando un preocupante desbalance entre ingresos y gastos.

A ello se suma el debilitamiento deliberado de sectores que históricamente han contribuido de manera significativa a las finanzas nacionales, como el minero-energético. La incertidumbre regulatoria, los mensajes contradictorios frente a la exploración de hidrocarburos y las restricciones a nuevos proyectos han impactado la confianza inversionista y reducido las expectativas de ingresos futuros........

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