Para los que se mueven dentro del mundo del marketing, el Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de febrero de 2026 no es solo una cuestión de política de despachos, sino un auténtico terremoto que va a sacudir las métricas, de los presupuestos de las grandes y pequeñas empresas de marketing.

El titular que todo el mundo comenta es «el límite del 35% de ingresos públicos sobre la facturación total de un medio«. Una cifra que busca la transparencia pero que, en la práctica, se traduce en un rompecabezas operativo para todos los que viven de este sector. Para las agencias de marketing más pequeñas -que son el motor del tejido digital local y que luchan cada día por optimizar hasta el último euro de sus clientes- esta normativa supone un castigo directo a su agilidad y a su capacidad de reacción.

Lo que antes era un proceso fluido de planificación de medios ahora supuestamente se convierte en una labor de «detective financiero» que nadie ha pedido ni va a pagar. Esta fiscalización previa es un lastre burocrático inmenso que devora las horas de estrategia y las convierte en papeleo administrativo, una carga que las estructuraspequeñas, donde el mismo........

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