Nuestro departamento dejó de ser un simple escenario político local; al presente, se ha constituido en una verdadera cuestión de Estado. Lo que ocurra en nuestro departamento en los próximos años, no solo afectará la gestión edil y de la Gobernación cochabambinas, sino también, incidirá de forma directa en la estabilidad del gobierno actual.

Se han confirmado los resultados electorales, la situación es clara: división. Por un lado, Leonardo Loza; por otro, Manfred Reyes Villa; no estamos hablando solamente de una diferencia de colores sino de la convivencia, coexistencia de dos proyectos, visiones y formas de ejercer el poder que muy probablemente, no encontrarán puntos de convergencia

He aquí el problema, nuestra estructura autonómica pensada para poder distribuir competencias y acercar el poder al ciudadano, puede convertirse en un mecanismo de obstaculización cuando no exista coordinación política. Las competencias departamentales de la Gobernación sobre licencias, planificación territorial y gestión ambiental no son menores; sino, en los hechos se constituyen en herramientas capaces de viabilizar o paralizar proyectos necesarios.

Seamos puntuales, me refiero a la disposición final de residuos sólidos o la recuperación de la laguna Alalay; ambos requieren niveles mínimos de articulación institucional y es lo que probablemente no exista. Y sin ella, la gestión pública se transfigurará en disputa política y la institucionalidad será dejada de lado por las masas en las calles.

A lo anterior, sumémosle otro elemento: la presencia de actores políticos populares con alta capacidad de movilización territorial: Evo Morales. Tomando en cuenta la tensión institucional que podría llegar a existir, el conflicto dejará de ser una herramienta coyuntural, para convertirse en un mecanismo permanente de presión para Cochabamba, por su ubicación estratégica y su capacidad de articulación con municipios rurales, ofrece las mejores condiciones para ello.

Reiteramos: Cochabamba conecta el eje central del país. Lo que aquí se bloquea, paraliza el estado. Por eso, el conflicto en nuestro departamento no es un tema menor, es estructural.

Cochabamba, hoy más que nunca, es una cuestión de Estado. El desafío no es menor. Nuestro país no necesita autoridades que solamente administren el conflicto. Necesitamos un liderazgo capaz de sostener el rumbo en medio de la tormenta y fragmentación del poder. Necesitamos un Capitán que se quede gobernando el municipio los cinco años para los cuales fue elegido y no uno que nos abandone a medio camino; antes que sea demasiado tarde para el municipio, el departamento y el país. El escenario que se plantea, no es necesariamente inevitable, pero sí altamente probable: constantes tensiones, gestión edil obstaculizada por la Gobernación y una ciudadanía atrapada entre niveles de poder que, en lugar de coordinar, competirán entre sí.

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