Cuando la máxima magistratura del país asume la posición de un espectador atónito frente a las patologías burocráticas del entramado hidrocarburífero estatal, se produce una perversión del principio de autoridad en la que el dispositivo diseñado para monopolizar la coerción, el control institucional y la regulación del patrimonio público declara, implícitamente, su propia impotencia ejecutiva.

La pregunta en consecuencia es: ¿hasta qué punto el repliegue discursivo del Órgano Ejecutivo, al imputar la parálisis e ineficiencia operativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a la intrincada urdimbre de sus dinámicas y corrupción internas, constituye la evidencia sintomática del agotamiento estructural del propio modelo de Estado?

Esta retórica, mediante la cual el Gobierno pretende evadir sus responsabilidades,........

© Los Tiempos