Una buena parte de los políticos profesionales, sus abogados y funcionarios designados vienen esforzándose en convencernos de que fallos y sentencias judiciales, que no pueden esconder su carácter monstruoso, tienen que ser cumplidas y ejecutadas con fatal resignación, porque impugnarlos y enfrentarlos sería un abominable acto contra la “seguridad jurídica”.

Entran en esa canasta desde los fallos que mutilan la obligación de fiscalizar actos del Gobierno hasta los que obligarían a ceder sumisamente patrimonio público, sea territorial o de otra índole.

El ejemplo palpitante es el intento de asalto jurídico contra la población del municipio de Santa Cruz de la Sierra, forzando a que entregue parte de su patrimonio a una familia que obtendría con ello un beneficio superior a 200 millones de dólares. Ese monto representaba, a finales del pasado mes de marzo, unas tres y media veces del total de la cantidad de dólares físicos que el Banco Central disponía como reservas internacionales netas del país.

El alcalde cruceño saliente y su vocero juegan a justificar su última y completa traición en este caso, bajo el supuesto de que “irían a la cárcel” si no entregan papeles que legalizan la pérdida del mercado Mutualista, cediéndolo a quienes fraguaron lo que tiene la más compacta........

© Los Tiempos