El 31 de agosto de 2026 se dio fin a un abuso que nunca estuvo plenamente justificado: la vigencia del “Certificado Único de Idiomas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia” que era un requisito ineludible para el acceso a la función pública.

El fondo de la exigencia era legítimo: validar los idiomas originarios y evitar su desaparición. Se introdujo a la normativa boliviana en el primer parágrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado (CPE) que reconoce a 36 de esos idiomas como oficiales de Bolivia, además del español, que el texto constitucional sigue llamando castellano.

Más adelante, el artículo 234 establece como exigencia “para acceder al desempeño de funciones pública” el “hablar al menos dos idiomas oficiales del país”.

Hasta ahí todo estaba muy bien, pero los problemas comenzaron cuando los funcionarios que debían........

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