Después de 50 días de un bloqueo de caminos brutal a cargo de estructuras corporativas que asolaron casi todo el territorio del país exigiendo la renuncia del presidente del Estado, la noche del 19 de junio fue suscrito un documento de acuerdo “para la pacificación y la recuperación del país”, entre el Gobierno y los despojos de la otrora gran Central Obrera Boliviana.

El contenido de ese documento se resume en una aceptación del Gobierno de líneas de conducción del país según las exigencias de los desprestigiados dirigentes cobistas, y de impunidad para todos los sujetos activos de los delitos de lesa humanidad cometidos a lo largo de la aplicación de la medida criminal. Con pérdida de vidas incluida.

Un relevamiento de los precedentes de este desenlace revela que el Gobierno no cesó de convocar al diálogo desde el inicio del conflicto, lo cual llevó a algunos analistas a calificar esa tolerancia de una caída en exceso, con notorio deterioro de su ya esmirriado principio de autoridad por situaciones similares suscitadas en el pasado reciente, aunque no de tan profunda gravedad.

Es justo reconocer que en ese camino, poco a poco algunos conflictos sectoriales fueron desactivados mediante la firma de convenios específicos, por parte del........

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