Bolivia enfrenta hoy un problema menos visible que el conflicto social, pero decisivo para su estabilidad: la posibilidad de gobernar sin un partido político sólido que sustente la acción del Estado.

A propósito, Francisco Porrúa Pérez, destacado profesor académico en el campo de la filosofía política, menciona que la organización política y la participación a través de estructuras representativas constituyen condiciones esenciales del régimen democrático, en tanto permiten canalizar la voluntad ciudadana y sostener el orden institucional.

En este sentido, el partido político no es un simple instrumento electoral, sino una organización duradera llamada a articular demandas, estructurar el poder y garantizar continuidad en la gestión pública. Cuando se gobierna sin ese sustento, la legitimidad se desplaza de las instituciones hacia liderazgos contingentes, debilitando la estabilidad y la coherencia del sistema político.

En este contexto, el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira evidencia una tensión estructural derivada de su soporte partidario. El Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha sido caracterizado por analistas como un “vientre de alquiler”, es decir, una plataforma instrumental, sin arraigo ideológico ni base orgánica sólida, utilizada para acceder al poder.

Esa condición configura una debilidad de origen, pues el partido carece de las características que la teoría clásica atribuye a estas organizaciones políticas: organización estable, articulación nacional y voluntad cohesionada de ejercer el poder político. Consiguientemente, el mandato presidencial se sostiene más en equilibrios circunstanciales que en una estructura política consolidada.

Ahora bien, las implicaciones de esta debilidad se manifiestan y materializan en la gobernabilidad. La tensión entre el presidente y el vicepresidente, así como la necesidad de negociar permanentemente con fuerzas como Unidad y Libre para asegurar mayorías en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), revelan un entramado de dependencias que limita la autonomía del Ejecutivo.

Desde la teoría política, esto puede interpretarse como una erosión de la capacidad decisional del Gobierno, obligándolo a transitar entre consensos frágiles y alianzas inestables. La gobernabilidad, en este escenario, deja de ser una condición estructural y se convierte en un ejercicio permanente de equilibrio.

Es más, éste fenómeno se agrava si se considera la evolución normativa del sistema político boliviano. Como advierte Jorge Lazarte, desde 2004 los partidos han perdido la exclusividad de la representación, compartiéndola con agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.

Si bien esta apertura amplía la participación, también ha incentivado la proliferación de estructuras sin arraigo nacional, debilitando la función articuladora de los partidos tradicionales. Así, la competencia política se desplaza hacia liderazgos individuales que priorizan la eficacia electoral sobre la construcción institucional.

No obstante, el presidente ha mostrado cierta capacidad para ubicarse en un espacio de centro, menos confrontativo y más conciliador, lo que le permite sostener apoyos coyunturales y evitar rupturas inmediatas.

Sin embargo, esta habilidad táctica no sustituye la necesidad de un soporte partidario sólido. La conciliación sin estructura puede contener el conflicto en el corto plazo, pero difícilmente garantiza estabilidad en el largo plazo.

En consecuencia, gobernar sin partido político no es solo una condición coyuntural, sino una señal de fragilidad estructural en la democracia. Los partidos cumplen una función insustituible al articular la relación entre sociedad y Estado, ordenar la competencia política y dar sostenibilidad a las decisiones de gobierno.

Cuando esa estructura se diluye o se sustituye por mecanismos instrumentales, las demandas ciudadanas pierden cauce y la acción pública se vuelve dependiente de equilibrios inestables. En ese escenario, la gobernabilidad deja de ser una capacidad institucional y se convierte en una práctica contingente, sujeta a tensiones permanentes.

Gobernar sin partido político puede permitir acceder al poder, pero difícilmente garantiza su ejercicio con estabilidad, coherencia y proyección en el tiempo.

El autor es docente de la carrera de Ciencia Política de la UMSS

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