La difusión de al menos once grabaciones atribuidas a Fernando Cerimedo, en las que aparecen mencionados el presidente Rodrigo Paz, su esposa María Elena “Bibi” Urquidi, varios ministros y altos funcionarios, ha desencadenado uno de los episodios políticamente más delicados de su Gobierno. Las conversaciones contienen indicios preocupantes de posibles actos de corrupción, tráfico de influencias, manipulación de contrataciones públicas e interferencias en instituciones policiales y judiciales. Exigen una investigación inmediata, independiente y transparente.

No son simples rumores. Las grabaciones plantean interrogantes concretos sobre quién decide realmente dentro del Gobierno, cómo se adjudican contratos millonarios, quién influye en los nombramientos de las empresas públicas y qué papel desempeñan personas sin atribuciones legales para intervenir en la administración del Estado.

Preocupan especialmente las conversaciones atribuidas a Cerimedo y a Bibi Urquidi, donde se discuten licitaciones de kits de conversión vehicular a gas natural, la comercialización de urea y designaciones gerenciales en YPFB. De confirmarse su autenticidad, revelarían una inadmisible interferencia de personas ajenas a la estructura administrativa en decisiones que deben responder exclusivamente a criterios legales, técnicos y económicos. La situación es más grave tratándose de la esposa del presidente: su condición familiar no le otorga facultades para intervenir en contrataciones ni designaciones. Corresponde establecer qué autoridad ejercía, quién se la confirió y si hubo intereses particulares. Esto no es atribuirle anticipadamente responsabilidad penal,........

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