De Colau a Illa o por qué ya no se alquilan pisos en Barcelona

Estropean todo lo que tocan. Son contraproducentes, nefastos, incapaces e incompetentes en la gestión de la vivienda en Barcelona y Cataluña.

Desde que Ada Colau disfrazada de Supervivienda se propusiera acabar con el drama inmobiliario todo ha ido de mal en peor en la materia. Su promesa de impedir los desahucios le llevó en volandas a la alcaldía de Barcelona. Muchos de sus votantes creyeron que fomentaría la construcción de viviendas asequibles en terrenos municipales en vez de favorecer los allanamientos, más conocidos como okupaciones, y cruzarse de brazos.

Durante sus ocho años de mandato subieron los precios de venta y alquiler, la mayoría de los barrios de la capital catalana experimentaron un agudo proceso de gentrificación y miles de barceloneses fueron expulsados de su ciudad. La señora hizo un pan como unas tortas y alrededor de seis o siete pisos sociales. Quizá alguno más. Pero no muchos más. Su gran hallazgo consistió en un reglamento municipal que obliga a los constructores a destinar el 30% de sus promociones a vivienda protegida. Esa imposición, que aún no se ha derogado, terminó con la construcción de pisos en una ciudad cada vez más populosa. Una grúa en Barcelona es una auténtica rareza.

Que el infierno está empedrado de buenas intenciones es otro refrán que también vale para el Gobierno de la Generalidad de Salvador Illa. Al dirigente socialista no le tiembla la mano a la hora de poner topes al alquiler, contratar inspectores de pisos y establecer multas contra quienes incumplan las rígidas normas de la izquierda en el asunto. Todo ello no ha comportado una rebaja de los precios, sino la práctica desaparición de la oferta de alquiler. Más refranes: ha sido peor el remedio que la enfermedad.

El mercado inmobiliario en Cataluña es un desastre, un pozo sin fondo de inseguridad jurídica lastrado por la inestabilidad política, las incertidumbres económicas y las insensatas medidas y propuestas de la izquierda. Y cuanta más regulación, peor, más dificultades para acceder a una vivienda en condiciones normales, dignas, razonables y seguras. Como antes. No hace tanto de ello.

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La Generalidad y los ayuntamientos catalanes, especialmente el de Barcelona, actúan a empujones de la extrema izquierda y de una entidad llamada Sindicato de Inquilinas que ha logrado que las administraciones compren bloques enteros a precio de oro para impedir desahucios demasiado mediáticos. El inquilino en vías de lanzamiento capaz de armar ruido y conseguir el favor del citado sindicato no tiene su caso del todo perdido.

Acaba de ocurrir en el barrio de Gracia de Barcelona con un profesor de instituto que se niega a abandonar su piso de alquiler en un inmueble comprado por una empresa holandesa que se dedica al negocio del coliving. La comitiva judicial se tuvo que dar la vuelta este miércoles ante la aglomeración de activistas y periodistas.

El escándalo ha sido de tal magnitud que hasta ha salido Salvador Illa en su cuenta de X a decir que "nos oponemos frontalmente al desalojo de vecinos de la calle Sant Agustí del barrio de Gracia". Claro. Igual que nos oponemos al mal en general y a que se pisen las flores. No te jode. El líder socialista catalán ha ido incluso más allá: "En ninguna ciudad de Cataluña permitiremos actuaciones abusivas en contra del derecho de los vecinos y vecinas a vivir en su barrio. Desde el Gobierno estamos actuando contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa. Hemos activado todos los mecanismos legales para proteger a los vecinos".

Pero hombre, presidente, ¿cómo que iniciativas ilegales de la propiedad? Al inquilino afectado se le acabó el contrato hace un año y un juez ha fallado que los dueños del inmueble tienen derecho a no renovárselo. Que la empresa quiera trocear los pisos y alquilarlos por habitaciones a ciudadanos europeos con mayor poder adquisitivo que los españoles es algo contemplado por las leyes aprobadas en el Congreso y en los parlamentos autonómicos así como en las normativas provinciales y municipales. ¿Y qué mecanismos legales pueden proteger a los vecinos de los mecanismos legales que protegen a los propietarios? ¿O es que hay mecanismos legales que están por encima de la misma legalidad? Pura demagogia. Tanto hablar de los populismos y resulta que los populistas son ellos.

Estropean todo lo que tocan, son absolutamente contraproducentes, totalmente nefastos, completamente incapaces y extraordinariamente inútiles. Son los peores especuladores, los culpables de la crisis "habitacional", los autores de las "soluciones habitacionales", los jetas que como Miquel Iceta tienen inmuebles para parar un tren o que como el castrista Pablo Iglesias viven en chalets cuando prometieron que se quedarían toda la vida en Vallecas. Asco.

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