Masificación en el entorno de la mascletà / Fernando Bustamante

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, tuvo que emplearse con contundencia este viernes, en su comparecencia semanal tras la reunión del Gobierno autonómico, para cortar de raíz un debate que se había venido recalentando en las últimas semanas, coincidiendo con los “llenos” que ha vivido València estas Fallas: el de la imposición de la llamada tasa turística, un impuesto para gravar las pernoctaciones. Esta vez, las voces reclamándola no han partido de la izquierda, que la aprobó con muchos condicionantes el último año del Botànic sin que llegara a aplicarse al ser derogada por Mazón nada más llegar a la Presidencia, sino de las propias filas del PP, con la alcaldesa de València, María José Catalá, poniendo la cuestión sobre la mesa. Y también de una parte del empresariado valenciano, enfrentado en esto al alicantino. Mientras Juan Roig afirmaba esta semana que “hay que obtener más recursos de los turistas”, su compañero de AVE y presidente de la poderosa patronal de Hostelería Hosbec, Fede Fuster, razonaba que no nos deberíamos quejar de los aranceles de Trump cuando queremos imponerle aranceles al turismo, que es nuestro principal sector exportador en tanto que es el que más ingresos del exterior aporta.

La tasa turística es un bumerán que llevamos viendo ir y volver desde hace un cuarto de siglo, cuando Baleares reguló lo que en 2002 se llamó “la ecotasa”. El PP, que hasta aquí siempre se había opuesto a ella, la eliminó cuando recuperó el Gobierno de las islas. Pero en la década siguiente el impuesto se recuperó allí y se implantó en Cataluña, donde se aplica desde 2012. La discusión sobre la conveniencia de adoptarla o no ha estado siempre contaminada por argumentaciones más políticas que técnicas: los partidos coaligados en el Botànic la aprobaron en las Cortes con la entonces portavoz de Podemos levantando el puño abrazada a los síndicos de Compromís y el PSOE, como si cobrar a........

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