La Constitución Española de 1978 consagra a España como un “Estado Social y democrático de Derecho”, lo que implica que los poderes públicos no solo deben garantizar libertades, sino también promover la igualdad real, la protección social y el bienestar mediante políticas públicas activas. En comparación con la Unión Europea, este modelo coincide con la orientación social común del proyecto europeo y, de hecho, la integración en la UE reforzó la efectividad de sus objetivos. Sin embargo, su desarrollo en España ha sido históricamente más limitado que la media europea en gasto y cobertura social, aunque con avances importantes en sanidad, educación y protección social. Pero existe una diferencia: los españoles no participamos en el debate sobre la legitimación del Estado Social a finales de los años sesenta.

El “mayo francés” de 1968 puso sobre la mesa una intuición que sigue incomodando a Europa: el Estado social no puede sostenerse solo con buenos resultados materiales. También necesita una base de legitimidad, una narrativa compartida y una ciudadanía convencida de que el esfuerzo colectivo merece la pena. Hoy, en un continente marcado por el envejecimiento demográfico, la desigualdad, la crisis climática, la digitalización y la presión migratoria, esa advertencia suena más actual que nunca. Aquel debate vinculó la crisis del welfare state con la pérdida de la “centralidad del trabajo” y con una crisis de legitimación del orden político. La doble crisis de legitimidad y sostenibilidad del Estado Social.

Esa “forma política” es una singularidad histórica. No nació en el vacío, sino bajo la sombra........

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