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Quienes defienden los nuevos Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias han logrado instalar una narrativa tan eficaz como engañosa. Según esta, quienes cuestionan la propuesta estarían defendiendo los privilegios de los medios, la desinformación o la ausencia de reglas. El debate, así planteado, resulta conveniente para los promotores de la reforma porque desplaza la discusión desde el terreno institucional hacia el terreno moral. Ya no se trata de preguntarse qué límites deben imponerse al poder, sino de decidir si los medios son buenos o malos.

Sin embargo, ese nunca fue el verdadero problema. La pregunta central es otra, más incómoda: ¿por qué deberíamos confiarle al gobierno mexicano la facultad de convertirse en árbitro de la verdad pública?

Tal debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre los nuevos lineamientos. ¿A cuál gobierno mexicano de los últimos veinte años consideraríamos lo suficientemente imparcial para decidir si las notas de un infomativo llenan todos los estándares de veracidad, si las opiniones de un conductor están bien diferenciadas de los hechos o si una cobertura periodística está debidamente contextualizada? ¿Al de López Obrador? ¿Al de Peña Nieto? ¿Al de Calderón? Las democracias modernas aprendieron a desconfiar de los gobiernos que pretenden ser, al mismo tiempo, actores de la disputa pública y árbitros desinteresados de la misma.

Vale la pena hacer una concesión aquí. Los defensores de la propuesta tienen razón cuando afirman que las audiencias poseen derechos. También aciertan cuando sostienen que los medios deben asumir responsabilidades. Nadie debería oponerse a que las personas tengan acceso a información de mejor calidad, puedan distinguir entre contenidos informativos y promocionales, cuenten con mecanismos efectivos de réplica o dispongan de herramientas que les permitan comprender mejor los asuntos públicos.

El problema aparece cuando una causa legítima se convierte en vehículo para ampliar las facultades de supervisión de un poder político que ha pasado años demostrando su incomodidad frente a la crítica.

Los lineamientos no nacen en el vacío. Surgen después de un largo periodo durante el cual la propia Presidencia y el partido en el poder han convertido la confrontación con periodistas, medios de comunicación, académicos y organizaciones civiles en una práctica cotidiana. Las conferencias en Palacio Nacional, que debían ser instrumento de comunicación gubernamental, se convirtieron en una plaza pública virtual desde la que el presidente insultaba con fiereza inaudita a periodistas, caracterizando cualquier crítica como una traición o injerencia inaceptable.

Reportajes que denunciaban corrupción en el gobierno fueron descalificados como campañas políticas contra la transformación del país. Investigaciones periodísticas fueron presentadas como operaciones de grupos de interés. Se llegaron a violar la Ley de Protección de Datos Personales y el secreto fiscal para desacreditar a periodistas con nombre y apellido, sobre los que se ordenaban investigaciones de instituciones........

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