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La imputación del expresidente Rodríguez Zapatero por delitos como el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales, entre otros, ha removido el santoral socialista de nuestro país. No es para menos. Si en su día el “grupo de Sevilla” refundó el PSOE en aquel mítico Congreso de Suresnes en 1974, donde se desplazó a la vieja guardia del partido que estaba en el exilio y, algo después, se renunció oficialmente a su adscripción marxista para aproximarse a la socialdemocracia europea en ciernes; Zapatero ha sido, seguramente, el líder espiritual de la segunda refundación socialista, en este caso a través de una progresiva mutación política, ideológica y de las propias estructuras del partido. 

Y Sánchez y Zapatero, aunque hayan mantenido una relación tortuosa, al final han convergido hasta el punto de que el expresidente se ha convertido en el soporte ético y político del gobierno Sánchez, enfrentado ahora con la que ha pasado a ser vieja guardia socialista, con González y Guerra a la cabeza. Un soporte que no era solo espiritual, sino que se ha traducido en gestiones directas en pro de ese nuevo socialismo que pretende revivir la separación de las dos Españas como cabeza de la amalgama “Frankenstein” que nos gobierna. Podemos recordar los viajes a Suiza y Bélgica del expresidente o su aval a Bildu para engrasar las negociaciones en la formación de gobierno. Como también sabíamos su afán por erigirse en referente internacional a caballo entre Venezuela y China, abriendo un nuevo eje geopolítico. Lo que no sabíamos es que, con ello, Zapatero pudiera estar haciendo caja, de forma digamos que presuntamente ilícita y seguramente inmoral. 

Una distinción que resulta importante: la causa penal tendrá un recorrido que podrá llevar (dentro de varios años) a que se condene (o no) al expresidente y a su entorno familiar por graves delitos. Y es cierto que la presunción de inocencia no es solo una regla probatoria y de juicio que exige que no se pueda condenar sin prueba de la culpabilidad, sino que también incluye una regla de tratamiento que operaría como una directriz dirigida a autoridades públicas y en cierto modo a medios de comunicación para que eviten realizar declaraciones que adelanten la condena de un sospechoso. Todo lo cual se refiere, insisto, al proceso penal y al señalamiento de la persona como culpable de la comisión de delitos. 

Pero cuando se trata de alguien con responsabilidades públicas (y un expresidente del gobierno lo es),........

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