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En seis semanas, el presidente ordenó militarizar Santa Marta (22 de septiembre) y Cúcuta (29 de octubre), y anunció “control militar” en el corredor de Usme y Sumapaz, en Bogotá (28 de octubre). Ante tanto anuncio, vale la pena preguntar qué significa militarizar: ¿Es enviar un pelotón de fuerzas especiales urbanas por una semana? ¿Es que las Fuerzas Militares asuman funciones de la Policía, o que la acompañen? ¿Cuántos soldados, por cuánto tiempo y para lograr qué? 

La pregunta importa porque cada ciudad tiene un problema distinto. Santa Marta vivió un paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Cúcuta, el asesinato del exsecretario de gobierno Miguel Castellanos y un atentado con explosivos. En Bogotá, el gobierno habla de extorsión y de la expansión del ELN y el Tren de Aragua hacia Usme y Sumapaz, pero parece apelar más al fantasma de los noventa —cuando las Farc se propusieron “cercar a Bogotá” desde ese mismo corredor— que a un escenario actual que demande presencia militar.

Si algo comparten las tres ciudades no es una amenaza que se resuelva con tropas, sino la extorsión. Entre enero y agosto de este año, en Bogotá se denunciaron más de seis extorsiones al día; en Cúcuta, casi una diaria; en Santa Marta, una cada tres días. Y eso es apenas lo que se denuncia. En Santa Marta, las Autodefensas Conquistadoras cobran un “paquete de seguridad” a comerciantes, lancheros y vendedores informales. En Cúcuta, el ELN, el Tren de Aragua, el Frente 33 de las disidencias y varias bandas locales se disputan las trochas, el........

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