Las megacárceles le costarán al país millones de pesos durante 30 años
Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Columna escrita por Juan Carlos Gutiérrez Betancur, columnista invitado.
Una cárcel no es una obra. Es una anualidad. Quien pone la primera piedra no está firmando un contrato de construcción: está firmando 30 años de cuotas. Custodia, alimentación, salud, mantenimiento, tecnología, litigios, reposición de activos. Esa cuota se paga todos los años, independientemente del gobierno de turno, y no aparece en la foto del lanzamiento.
Vale la pena tenerlo presente porque el país está a punto de comprar diez de esas anualidades al tiempo. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha anunciado la construcción de diez megacárceles, con participación privada, y su ministro de Justicia designado, Iván Cancino, ha respaldado la idea. El argumento político es sencillo: actualmente hay hacinamiento crónico, hay que avanzar en seguridad ciudadana y se trata de una promesa de mano dura. El argumento fiscal, en cambio, no se ha presentado. Nadie ha dicho cuánto cuesta, quién lo paga y con qué garantías de que no se repita el patrón de sobrecostos que ha acompañado a casi todos los megaproyectos de infraestructura del mundo.
Hice el ejercicio de estimarlo. No con la cifra optimista que suelen anunciar los promotores de un proyecto, sino con la misma disciplina que exige cualquier evaluación seria de un compromiso público de 30 años: comparando con lo que de verdad ha costado construir cárceles en otros países, exigiéndole al presupuesto un margen de seguridad razonable, y contando no solo el cemento, sino los costos fijos y variables que ese cemento obliga a pagar después.
El cemento es la parte barata
El primer resultado, y el más importante, es también el más contraintuitivo: la construcción no es lo caro. Lo caro es sostener el sistema abierto. Dependiendo del diseño, entre el 56% y el 66% del costo total del programa a 30 años corresponde a operación —guardias, salud, alimentación, mantenimiento, tecnología, litigios—, no a obra civil. En el escenario de estándares más altos de derechos humanos, el gasto operativo del primer año de funcionamiento por sí solo ronda los 5 billones de pesos.........
