Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.

La política de seguridad y defensa de un Estado democrático no puede construirse sobre la base de discursos enardecidos ni de la maximización del castigo punitivo. Como dije en otra columna, al advertir sobre los riesgos de gobernar mediante globos de ensayo informativos y la urgencia de transitar hacia un modelo de seguridad descentralizado, la arquitectura institucional de Colombia se encuentra una vez más ante el control legislativo y constitucional.

El debate sobre el nuevo borrador del Estatuto Antiterrorista, lejos de constituir una herramienta infalible de pacificación, el documento revela una ambiciosa y preocupante expansión del derecho penal de enemigo, considerando aciertos tácticos necesarios y preocupantes excesos que amenazan el equilibrio de la Constitución de 1991.

Tras el colapso de los marcos de negociación de la paz total y el hecho de que las Farc-EP dejaron de existir como grupo insurgente unificado en 2016, el Estado enfrenta una dispersión de estructuras híbridas: carteles del narcotráfico transnacional con fachadas paramilitares (como el Clan del Golfo), disidencias desideologizadas volcadas a las rentas ilícitas, y una última guerrilla histórica en degradación como el ELN.

En este contexto, el borrador del Estatuto Antiterrorista busca dotar a la Fuerza Pública y al sistema judicial de instrumentos excepcionales para neutralizar una criminalidad de alta intensidad que ha superado las herramientas ordinarias del Código Penal (Ley 599 de 2000). Sin embargo, la eficacia técnica de una norma no se mide por la dureza de su tipificación penal, sino por su compatibilidad con los principios de proporcionalidad, legalidad y respeto al Estado de derecho.

El borrador permite identificar aciertos estructurales de gran valor técnico. En primer lugar, el estatuto acierta al enfocar sus baterías en el músculo financiero de las........

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