Por Francisco Miranda Hamburguer*

La mañana después de las elecciones siempre produce una ilusión útil y peligrosa: que el país quedó “ordenado” en un nuevo ‘mapa político’ con mayor claridad para la discusión de las agendas prioritarias. Mapa sí hay, pero, más que autopistas legislativas de ocho carriles para las reformas que impulsan ambos lados del espectro ideológico, se ven unas trochas llenas de peajes. 

Hace cuatro años, estos comicios parlamentarios consolidaron un bloque de izquierda y de centro-izquierda, con el viento a favor de un llamado a reformas de corte social y económico. La victoria de Gustavo Petro ratificó ese ambiente que luego dilapidaría, dinamitando él mismo su coalición. El balance de esa agenda reformista es hoy, cuando menos, mediocre y el entusiasmo popular sobre ella circunscrito a las bases de apoyo al gobierno.

El nuevo Congreso cuenta con el mayor bloque de izquierda pero mantiene su fragmentación. Ninguna bancada quedó con la fuerza suficiente para imponer su agenda de forma mayoritaria y, como ha venido sucediendo, la gobernabilidad quedará sujeta a pactos con los partidos ‘bisagra’. En otras palabras, el tablero quedó diseñado para la negociación permanente: nadie tiene mayoría para imponer una agenda completa y, al mismo tiempo, varios actores tienen poder suficiente para bloquear. 

Por más que la campaña presidencial se desarrolle a punta de grandilocuentes eslóganes desde tanto la izquierda como la derecha, los ganadores entrarán desde agosto a construir mayorías, con un probable alto nivel de fragilidad. Desde el sector privado conviene mirar este resultado sin romanticismo y haciendo una primera pregunta: cuáles son las probabilidades de que salgan reformas coherentes y estables. 

Un Congreso fragmentado tiende a producir textos menos contundentes, con artículos negociados hasta último minuto, sorpresas indeseables y una carga alta de reglamentación posterior. Visto desde la política, es la prueba tangible de la democracia en acción: acuerdos y negociación con primacía centrista. No obstante, para las empresas e inversionistas, esto produce reglas del juego confusas, ambiguas, incluso contradictorias, que dificultan la necesaria previsibilidad.  

Lo fiscal será el primer gran campo de prueba. No porque sea lo más popular cobrar impuestos o recortar gastos, sino porque la caja manda. Pero en un Congreso sin mayorías, lo más probable es que el debate derive en un paquete por partes: medidas incrementales de recaudo, ajustes selectivos a beneficios y discusiones intensas sobre el gasto. Los caminos no lucen auspiciosos: si gana Cepeda, seguirá la senda de crisis fiscal y si gana la oposición, seguirá una tributaria sin capacidad de resolver del todo el problema. 

Las otras reformas pendientes para la economía tampoco la tendrán fácil. Una continuidad del gobierno Petro implicará asimismo continuar con el pulso entre la Casa de Nariño y un bloque importante de los legisladores sobre una agenda que, hasta ahora, no ha despertado el suficiente apoyo ciudadano. Si la oposición sale victoriosa, una agenda orientada a resolver el desequilibrio fiscal, atraer más inversión e impulsar sectores rezagados como energía e hidrocarburos, encarará una bancada de izquierda anti-empresarial y amante del gasto y la intervención estatal. 

La economía y el empleo, después de la seguridad y el orden público, son los temas que más preocupan hoy en día a los colombianos. No obstante, como lo afirma un informe de Corfi, los factores que condicionan la inversión como la estabilidad regulatoria, el tema fiscal o la competitividad- siguen hasta ahora dispersos y desarticulados de una narrativa dentro de los discursos de campaña. 

La contienda presidencial empezará a hablar más y más de economía en los siguientes meses, pero la realidad del nuevo Congreso no cambiará.  Ni el 20 de julio con los nuevos legisladores ni el 7 de agosto con el nuevo ocupante de la Casa de Nariño, sin importar su ideología, llegará un “reseteo” completo del entorno favorable al iniciativa privada y al rol empresarial.    

Por eso, hay realidades que han traído estos años del gobierno Petro que continuarán en el futuro, tanto en el mapa político y parlamentario, como en las estrategias de las empresas y los gremios para navegar la agenda que introducirá la administración entrante. Un Congreso fragmentado no implica un congreso estéril, bloqueado o imposible de tratar.  Si bien en los últimos años el rol de ‘contrapeso’ ha caracterizado al Congreso, el papel de aliado para impulsar una agenda pro-sector privado no está garantizado y tendrá que construirse.  

El nuevo Congreso no se hizo elegir con grandes épicas reformistas, ni el electorado le entregó un mandato semejante. Promete algo más ‘tropical’ y conocido: negociación constante, transacciones y reformas imperfectas. La pregunta para las empresas no es si les gusta ese escenario. Es si están listas para operar en él, tras cuatro años de gobierno Petro, que muchos equiparon a un “paréntesis” que terminaría el próximo 7 de agosto. 

*Politólogo. Master en Administración Pública de Columbia University. Asociado de Orza Relacionamiento Estratégico

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