El Fondo Milagro empezó a operar luego de 66 días del terremoto del 10 de agosto. El gobierno De La Espriella firmó el contrato para constituir el patrimonio autónomo, lo fondeó con 624 mil millones de pesos y su junta directiva tuvo su primera reunión el 15 de octubre. “Hoy la reconstrucción es una realidad. Ya tiene que pasar de las palabras a las obras (…) le pido paciencia a quien perdió la casa, no resignación”, dijo el presidente en su última alocución.

Pero entre los damnificados la inconformidad con la gestión del gobierno sigue creciendo, como lo ha podido comprobar La Silla con testimonios en Pereira y Quibdó, dos de las ciudades más afectadas por la catástrofe. Mientras tanto, el gobierno no responde preguntas básicas sobre el funcionamiento y la financiación del Fondo en medio de alertas tempranas por riesgos en su falta de transparencia.

Para esta historia, el gerente del Fondo, Jaime Uribe, no le respondió a La Silla justificándose en la directiva presidencial que le prohíbe a los funcionarios hablarles a los medios de comunicación. El equipo de Comunicaciones de la Casa de Nariño tampoco respondió a las solicitudes para hablar con la Gerencia del Fondo o el Ministerio de Vivienda.

En esa falta de respuestas del gobierno, la oposición ha sembrado suspicacias sobre el destino de las donaciones recibidas por la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien prometió una rendición de cuentas pública sobre los dineros recaudados. 

Mientras tanto, en las zonas afectadas, los ciudadanos no esperan milagros pero sí piden respuestas. 

El creciente inconformismo de los damnificados

El terremoto del 10 de agosto dejó 489.862 personas damnificadas y 244.367 casas destruidas o averiadas, según el último corte de la Ungrd. 

En septiembre, un mes después de la catástrofe, La Silla visitó dos barrios golpeados en Quibdó, una de las ciudades más afectadas. Uno de ellos, El Futuro, sufrió la pérdida de 23 casas, construidas informalmente sobre un terreno irregular en las laderas de la ciudad. Para entonces, los vecinos del barrio estaban presionando para ser censados en los registros de la Ungrd, un paso indispensable para que puedan recibir ayudas. 

Hoy, todos por fin aparecen en el censo como damnificados. Pero ninguno ha recibido las ayudas estatales anunciadas por el gobierno De la Espriella, como subsidios de arrendamiento o materiales de construcción.

“Hicimos un gran esfuerzo para quedar inscritos en el censo oficial, pero tras varios meses no ha pasado absolutamente nada. Cuando preguntamos por el subsidio de arrendamiento, la única respuesta de la administración es que debemos seguir esperando”, dice Nelson Mosquera, un hombre de 46 años, que vivía junto a su esposa y sus tres hijos en una casa de dos pisos que se fue abajo. 

Nelson, quien tiene problemas para trabajar por varias enfermedades, se ha mudado con su familia a varias casas de familiares y amigos en estos dos meses. Pero ahora está pensando en endeudarse para pagar un lote de 5 millones de pesos en el que pueda levantar un rancho para vivir. 

Nelson Mosquera entrando a las ruinas de su casa. Foto: Santiago González Muñoz

Nelson Mosquera en el segundo piso de su casa en ruinas. Foto: Santiago González Muñoz

Según datos de la Gobernación del Chocó, 2.847 familias han recibido un subsidio de arrendamiento, o un bono económico por 800 mil pesos. Esto representa el 17% de las cerca de 17 mil familias que están registradas como........

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