Menos de una semana después de la posesión de Abelardo De la Espriella, se empezó a despejar el camino para la megaminería en las inmediaciones del páramo de Santurbán. 

El 13 de agosto en California, Santander, la Alcaldía inició la contratación de una consultoría para formular la política pública minera del municipio, en el que el 53% de la población tiene tradición minera artesanal. En medio de esa socialización, están también los intereses de la gran minería que hace décadas busca explotar el gran depósito de oro del municipio. 

California, enclavado en zona de páramo, es el epicentro de un conflicto de 15 años: ambientalistas que reclaman la protección del agua que nace en esas montañas y surte a 2 millones de personas en Bucaramanga, versus las multinacionales mineras que han desfilado por la región con la expectativa de extraer oro. 

La empresa minera dueña de los títulos se llama Aris Mining, que proyecta ventas de oro por 10.400 millones de dólares durante 21 años de explotación. A precios de hoy son $33 billones de pesos, más o menos el presupuesto de inversión de Bogotá. Dentro de los socios de Aris Mining están Serafino Iacono a su vez socio y amigo del presidente Abelardo De la Espriella.

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En paralelo a la socialización en California, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, tumbó por vicios de trámite tres resoluciones del gobierno de Gustavo Petro que enterraban definitivamente la explotación de oro de la multinacional canadiense. Es decir, revivió su proyecto, con el guiño de un ministro de De la Espriella. 

“Aris Mining tiene 38 mil mineros formalizados en una mina que tienen en Antioquia. Es un ejemplo de lo que podría hacerse en Santurbán, sí respetando el páramo”, dijo Fabio Arjona, quien resultó declarado impedido para los trámites de Santurbán por eso mismo. 

Esa posición está en línea con la estrategia local de Aris para conseguir licencia social: la coexistencia minera. Es decir, que la economía de California y sus mineros se fortalezcan uniéndose a su cadena de producción. 

Al tiempo, Aris anunció que iniciaba la socialización oficial de su proyecto con las comunidades, un paso previo para solicitar la licencia ambiental. Y si lo logra, podría recibir otro beneficio si se aprueba la Ley de Rescate: convertirse en uno de los megaproyectos  beneficiados de un contrato de estabilidad jurídica, con menos impuesto de renta durante años. 

Aris en la política minera de California 

El 8 de octubre en la Casa de la Cultura de California, un abogado llamado Rafael Mateus  presidió uno de los talleres de formulación de la política pública minera del municipio, en el que había unos 15 asistentes. 

Mateus es el CEO de una firma consultora que lleva su nombre y que, según su presentación en LinkedIn, se dedica a “la protección y disminución de riesgos de integridad de empresas y organizaciones”. Es decir, se dedica a construir licencia social y reputación corporativa. 

La experiencia que acreditó, según los documentos del contrato, es como subcontratista de la Cámara Minera en Panamá y como contratista de Goldmining, otra minera canadiense con título minero en el complejo aurífero de Antioquia.

Mateus arrancó aclarando que el espacio no incide sobre ningún proyecto minero en particular.  “…Acordamos enfocar nuestras intervenciones exclusivamente en propuestas de interés comunitario manteniendo este espacio fuera de los intereses…fuera de los debates de declaraciones o trámites de proyectos mineros empresariales específicos”, dijo.

Sin embargo, sí hay uno sobre el que está puesta la atención: el ‘Proyecto Soto Norte’ de Aris Mining, la poderosa minera que tiene un título de 379 hectáreas en su territorio y ya extrae oro en otras dos minas en Segovia, Antioquia y Marmato, Caldas.

El título que Aris quiere explotar en California tiene reservas probadas de 4,6 millones de onzas de oro, casi lo mismo que suman las reservas de sus minas en Antioquia y Caldas. 

Su explotación sería subterránea, pero está ubicado en bosque alto andino, un ecosistema vecino al páramo. La resistencia social al proyecto está principalmente en Bucaramanga y su área metropolitana y radica en el riesgo de que la minería a gran escala degrade el ecosistema y afecte el agua del páramo, que surte a 2 millones de personas. 

La pelea entre los que defienden la explotación minera en la zona como Aris, y sus opositores tiene un telón de fondo más complejo: la delimitación del páramo. Como sistemas altamente protegidos, saber si la mina está en lo que se considera como parte del complejo paramuno es esencial para........

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