¿Por qué quería el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú, detener por delito electoral a altos funcionarios de la ONPE apenas realizada la segunda vuelta? La historia que ha contado esta semana el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, en entrevista radial en 'Exitosa', va más allá de las desavenencias institucionales. Gálvez, a quien espero no califiquen de caviar (término que él mismo usa despectivamente), narró que no tiene trato personal con Arriola desde que este le exigió detener a altos funcionarios de la ONPE de manera arbitraria. Cabe anotar que el fiscal de la Nación no es, ni remotamente, enemigo político del actual régimen.

Como todos recuerdan, las elecciones en primera vuelta no se realizaron en un conjunto de colegios de Lima, por falta de despliegue de material. Pospuestas hasta el día siguiente, la propuesta pública de Rafael López Aliaga fue declarar la nulidad del proceso. Desde las primeras horas del domingo 12 de abril, alegó fraude. Varias cosas se han sabido después. La primera es que el despliegue de ese material (el que no llegó y el que llegó tarde) correspondía a locales de votación muy cercanos al almacén de la ONPE. No había ninguna razón logística para la tardanza, cuando el material se había desplegado con éxito en puntos remotísimos de todo el Perú. Lo segundo, el JNE lo sabía. El sábado 11 sus fiscalizadores concurrieron a los locales a verificar y reportaron que el material no había llegado. Esa noche todos los reportes habían llegado.........

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