Lo que el Gobierno intenta hacer, al convocar vía decreto la consulta popular, es una peligrosa desviación del camino institucional. No se trata de una diferencia de interpretaciones jurídicas: estamos frente a un intento deliberado de desconocer las decisiones de otra rama del poder público para imponer, a cualquier precio, una agenda política.

No se puede relativizar el papel del Congreso. La ley es clara, la consulta necesita un concepto previo y favorable del Senado. Sin embargo, el Gobierno pretende ahora redefinir ese resultado con un argumento artificioso: que la proposición no fue leída en voz alta y, por tanto, no se votó formalmente. Es un giro retorcido de la ley, hecho a la medida de una narrativa que no tolera el disenso ni admite el límite que impone la legalidad.

Es que en su momento el propio........

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