La Comunidad Andina se encuentra en una situación semejante a la de Hércules en la encrucijada: debe escoger entre la opción de solucionar cuanto antes la grave crisis que enfrenta por la “guerra” arancelaria entre Ecuador y Colombia, y asumir una indispensable reforma institucional, o ver profundizar la crisis, dilapidar sus buenos desempeños económicos e ingresar en una espiral que puede comprometer su propia existencia.

El 1 de febrero de 2026, el presidente Daniel Noboa impuso una “tasa de seguridad” del 30% sobre todas las importaciones provenientes de Colombia. La normativa andina no incluye “tasas de seguridad” para elevar aranceles. Se trató de una decisión política con una argumentación vinculada al narcotráfico y a actividades armadas irregulares. Quito sustentó la medida en razón de que, a su juicio, la situación de inseguridad en la frontera común (586 kilómetros), por acciones de grupos narcotraficantes y mineros ilegales —a los que vinculaba con el territorio colombiano—, había generado al Estado ecuatoriano un gasto de seguridad no previsto del orden de US$ 400 millones.

Paradójicamente, la medida se adoptó en una coyuntura en la que la balanza comercial favorable a Colombia en los últimos 25 años había pasado, por primera vez, a ser superavitaria para Ecuador, en US$ 62,9 millones. Este hecho hacía difícil explicar la medida proteccionista dentro de una lógica comercial. Se constataba que la tasa, en realidad un arancel, no se adoptó porque el comercio desfavoreciera a Ecuador, sino a pesar de que le favorecía.

Desde Colombia se apuntó a una motivación política vinculada a la estrategia interna de seguridad ecuatoriana. Se hizo notar que el mismo día de su anuncio, el gobierno de Daniel........

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