El mes de febrero se inició con la declaración de emergencia de 135 provincias a nivel nacional por fuertes lluvias: regiones como Ayacucho, Piura, Huancavelica, Arequipa, aparecían como las de mayor riesgo. Sin embargo, entre los territorios declarados en emergencia también figuran distritos de Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tumbes. Las lluvias intensas y las consecuentes inundaciones forman parte del paquete de recurrentes eventos climáticos extremos que golpean nuestro territorio.

En el Mapa de Vulnerabilidad Física que ha elaborado el Ministerio del Ambiente (MINAM), se muestra que el 46% del territorio nacional se encuentra en una situación de vulnerabilidad alta a muy alta y que el 36.2% de la población total, lo que significa 9´779,370 habitantes, ocupan esos espacios de riesgo. Por tanto, la gestión social de riesgos ante desastres y las políticas de prevención deberían ser una prioridad. El MINAM subraya que estas herramientas deberían permitir prevenir posibles zonas de mayor impacto y, al mismo tiempo, se debería corregir “la localización de los asentamientos humanos, de la infraestructura económica y social, las actividades productivas, y de los servicios básicos en zonas de riesgo, constituyéndose en un instrumento fundamental para la determinación del riesgo de una determinada comunidad”.   

Sin embargo, sostener una real política integral de prevención no ha sido una tarea sencilla en el Perú. Por ejemplo, los resultados de la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (ENAGERD), realizada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Riesgo de Reducción de Desastres (CENEPRED), muestra que solo el 3.5% de las entidades encuestadas........

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