No es casualidad. Ni es un exceso aislado. Tampoco es una discrepancia jurídica legítima. La ofensiva del Congreso contra Delia Espinoza forma parte de un patrón perfectamente reconocible: someter, intimidar y neutralizar a toda institución que todavía conserve autonomía suficiente para investigar al poder político.

La inhabilitación impulsada desde el Parlamento tiene el inequívoco olor de la revancha. La revancha de quienes no soportan fiscales independientes. La revancha de quienes entienden la política no como representación democrática, sino como un mecanismo de impunidad y blindaje mutuo. La revancha de un bloque que, desde hace años, ha decidido convertir el Estado peruano en un botín administrado por cuotas, favores y pactos de supervivencia.

El mensaje que se pretende instalar es brutalmente simple: cualquier autoridad que incomode a las redes de poder será castigada. No importa si se trata de jueces, fiscales, miembros de organismos electorales, procuradores o periodistas. El objetivo es quebrar la independencia institucional mediante el miedo, el desgaste, la demolición reputacional y el linchamiento político.

La estrategia ya ni siquiera se disimula. Primero se desacredita públicamente al funcionario incómodo. Luego se le acusa de abuso, parcialidad o conspiración.........

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