La facultad que tienen los congresistas de la República de ingresar a los establecimientos penitenciarios sin necesidad de autorización previa no fue concebida como un privilegio​ personal ni como una licencia para mantener reuniones políticas con personas privadas de libertad. Su razón de ser es otra: permitir el ejercicio de la función de control político y​ fiscalización sobre las condiciones en las que opera el sistema penitenciario, verificando el respeto de los derechos fundamentales de la población penitenciaria y el adecuado funcionamiento de los establecimientos.

Sin embargo, en los últimos años, los registros de visitas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿se está utilizando​ esta prerrogativa para cumplir una función constitucional o se ha convertido en un mecanismo para mantener contactos políticos con determinados internos?​

El registro de visitas del INPE, al que accedí a través de la Ley de Transparencia, evidencia que, desde 2023 hasta 2026........

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