No terminamos de salir del ciclo de desmontaje de instituciones que se instaló en julio de 2021. El desmontaje comenzó en el periodo de Pedro Castillo. Para diciembre de 2022, el Congreso ya había intervenido la Sunedu y había elegido a la mayoría del actual Tribunal Constitucional, que en estos años ha quebrado la línea de construcción constitucional progresiva sostenida por sus anteriores conformaciones. Desde que comenzó el periodo de Boluarte, las muertes en las protestas iniciadas en diciembre de 2022 intensificaron el ciclo, instalando en el Estado un discurso antiderechos que se expandió con la designación del actual defensor del Pueblo y con la elección de los miembros de la actual JNJ.

En el proceso han quedado vacías de contenido instituciones fundamentales para el equilibrio del sistema. Ese vaciamiento ha estado asociado a la forma en que se han desarrollado los procedimientos de designación de quienes las tienen a su cargo. Pero no se agota con haber ocupado esos puestos. El vaciamiento se produce cuando estas posiciones se convierten en plataformas para sostener discursos banales —recuerden al defensor del Pueblo sugiriendo el cierre de la Cámara de Diputados— o de ruptura —como la pretensión de limitar la aplicación de la jurisprudencia internacional a los casos en que el Perú haya sido parte—. La banalidad tiene más de una forma. Pero todas se construyen dando más peso a los discursos basados en preferencias o........

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